El Gobierno ha decidido aplazar un año la entrada en vigor de la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), conocida como Selectividad, prevista para el mes de junio de 2024. Así lo ha informado el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, y el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, a los representantes de las comunidades autónomas en una reunión telemática, así como al presidente y la secretaria general de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Y es que pese a tener «listo» el borrador desde el pasado mes de febrero del real decreto que regularía la nueva prueba de acceso a la Universidad, el Gobierno asegura que no puede aprobar dicha reforma en el Consejo de Ministros al estar en funciones, según ha explicado el Ministerio de Educación y FP. Además, añaden que su aplicación «se retrasará hasta hasta la aprobación del Real Decreto por parte del nuevo Ejecutivo».
«Esta decisión se debe a que la aprobación de la norma excedería las competencias de un Gobierno en funciones, generando confrontación con las Administraciones autonómicas. Además, atiende a la petición de un año de moratoria por parte de las instancias universitarias y rebaja la incertidumbre de docentes, alumnos y familias» explican fuentes gubernamentales.
Cabe recordar que la nueva prueba de acceso introducía cambios como la ampliación de la duración de los exámenes, que pasaban de 90 a 105 minutos; la posibilidad de pedir una tercera revisión de examen; una mayor homologación y equilibrio entre los ejercicios planteados para que fueran equiparables entre los distintos territorios; y sería «más competencial y menos memorística» que la actual.
Así pues no habrá dichos cambios en el examen del próximo año, y los alumnos que están a punto de comenzar segundo de Bachillerato se examinarán con una prueba similar a la de los últimos años. Aunque, la PAU de 2024 sí podría incorporar algunos cambios implantados con la nueva ley educativa, Lomle, en bachillerato como la obligatoriedad de la asignatura de Filosofía en el segundo curso de Bachillerato.
La Generalitat pide ‘seguridad jurídica’ en las pruebas de este curso
Por su parte, la conselleria de Educación, Universidades y Empleo ha valorado hoy «positivamente» este aplazamiento, pero ha pedido al Ministerio de Educación “seguridad jurídica y celeridad” sobre las pruebas de este curso.
En este sentido, el director general de Ordenación Educativa de la Conselleria, Ignacio Martínez, quien ha participado en la videoconferencia convocada con el Ministerio, ha señalado que «es positivo que el Ministerio haya cedido finalmente a posponer la aplicación de la nueva prueba de acceso a la universidad, pero hay todavía muchos aspectos que no están claros”.
Así, Martínez ha explicado que la reunión “se ha convocado sin un orden del día y sin ningún tipo de documentación y hay aspectos que se han quedado pendientes, especialmente las características que deben tener los diferentes ejercicios de la prueba”. El director general de Ordenación ha criticado que “no se han concretado ni se ha establecido un calendario concreto, aspectos que pensamos que puede afectar negativamente a nuestro alumnado”.
Asimismo, Martínez ha señalado que desde diferentes comunidades autónomas se ha trasladado inquietud “por una falta de seguridad jurídica en la fórmula utilizada, dado que el Ministerio únicamente ha explicado que no va a publicar ningún tipo de Real Decreto, pero tampoco ha hablado en ningún momento de que vaya a modificar el calendario de aplicación de la LOMLOE, que obligaba a aplicar estas pruebas este curso escolar”.
