El exalcalde popular de Santa Pola Miguel Zaragoza y su cuñado, Jorge Peiró, exconcejal de Seguridad, han sido detenidos por su presunta implicación en un caso de corrupción relacionado con un centro médico privado de la localidad, según han confirmado hoy fuentes policiales.
Los políticos fueron arrestados ayer tarde en la comisaría provincial del Cuerpo Nacional de Policía, donde se presentaron por su propio pie tras ser avisados por una familiar de que varios agentes habían acudido a buscarlos a sus domicilios. Los detenidos quedaron en libertad poco después, tras negarse a declarar en unas diligencias abiertas por supuestos delitos de prevaricación, malversación y cohecho.
Zaragoza y Peiró han quedado ahora a disposición del juzgado de Instrucción 2 de Elche, que tramita la causa, al igual que una hermana del primero y la mujer del segundo, que también compareció ayer como arrestada en comisaría.
En esta misma operación, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, fueron detenidas la pasada semana otros dos sospechosos: el administrador único y el gerente de la empresa responsable de la clínica. La Policía investiga si, en su etapa como alcalde, Zaragoza perdonó el canon que el ayuntamiento debía cobrar a una clínica privada por montar un consultorio en unas instalaciones municipales ubicadas en la urbanización Gran Alacant.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía de Alicante sospechan que Zaragoza y el entonces concejal de Personal, Jorge Peiró, percibieron como contrapartida por ese supuesto trato de favor la contratación por la clínica de familiares y amigos. Una de esas trabajadoras es la mujer del exedil y a la vez hermana del exalcalde, según las fuentes consultadas.
Estas diligencias constituyen una de las causas por supuesta corrupción vinculada al anterior equipo de gobierno de Santa Pola, del PP, derivadas por una misma denuncia. Por otra de esas investigaciones fueron detenidos a finales de junio del pasado año el jefe de la Policía Local, José Miguel Zaragoza (también hermano del exalcalde), el exconcejal de Seguridad Antonio Pérez Huerta y nueve personas más por un supuesto fraude en la compra de uniformes.
Además de ser investigado por el asunto de la clínica, Miguel Zaragoza, es en la actualidad concejal de Santa Pola y diputado provincial de Bienestar Social y está pendiente de juicio en un juzgado de lo Penal de Elche por un delito de prevaricación.
La fiscalía pide en esa causa para él, tres exediles y tres técnicas municipales penas de un año de cárcel y siete de inhabilitación por permitir los ruidos generados por dos discotecas ilegales.
