Una familia residente en un bloque ocupado en la calle Pelayo de Alicante ha conseguido, in extremis, retrasar el desalojo de su vivienda previsto para las nueve de esta mañana. El Juzgado de Instrucción número 12 de Alicante les ha concedido cinco días hábiles para aportar un certificado de reconocimiento de vulnerabilidad y optar así a un aplazamiento del lanzamiento de la vivienda en la que residen desde hace siete años. La familia cuenta con dos menores de uno y siete años y se encuentra en situación de desempleo.
El inquilino, José Antonio Cortés, explica que “su abogado presentó un recurso de moratoria para conseguir más tiempo para buscar otras opciones y seguir aplazando porque lo que quiero es un alquiler social. Queremos negociar con la SAREB“. La familia fue de las primeras en entrar en este bloque que “era una obra nueva y se encontraba vacío desde hacía dos años”. Y manifiesta que “cuando la SAREB entró al edificio nos pidió documentación, ofreciendo un alquiler social pero fue para abrir vía judicial para que empiece el lanzamiento. Vinieron con una opción de alquiler social que nunca hemos visto”.
Se da la circunstancia de que “el bloque está totalmente ocupado”, según informa Borja García del Sindicat del Barri de Carolinas, organización que está asesorando a los inquilinos. En él viven diez familias que “llevan residiendo entre tres y siete años”. El portavoz explica que han acudido a la Unidad de Ayuda Ante Desahucios de la Conselleria de Vivienda “al menos para interceder en la negociación con la SAREB y sino para adquirir esta finca como pública pero no lo está haciendo”.
“Las familias están reclamando desde hace años que la SAREB acceda a negociar un alquiler social“, detalla García. “La SAREB adquiere activos tóxicos de bancos e inmobiliarias de la primera ola de crisis después de 2012, desde que se crea como banco malo. Compra a un precio más elevado del valor de mercado para beneficiar a bancos e inmobiliarios y luego se dirigen a fondos de inversión y a grandes propietarios. Desde el sindicato creemos que cuando se trata de bancos, de fondos de inversión y de grandes propietarios antes que la gente esté en la calle es legítimo que ocupe hasta conseguir negociar un alquiler social”.
Durante la mañana de hoy también estaba previsto el desalojo de otra de las viviendas en este caso “de una mujer de casi sesenta años enferma y sin ayudas”, explican los vecinos. Aparentemente, la mujer “ha presentado al abogado el certificado de vulnerabilidad y otros documentos acreditativos de su situación”. Los agentes judiciales no se han presentado en la finca a la hora señalada. Allí sí se encontraban una veintena de personas del entorno del sindicato y las familias.
No son las primeras familias del bloque que frenan los desahucios. El pasado 24 de enero estaba previsto ejecutar el lanzamiento para dos de ellas con menores residiendo. La primera consiguió una moratoria en el último momento y en el caso de la segunda se presentó la comisión judicial para abrir acta, explican fuentes vecinales.
