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miércoles, 8 febrero 2023

Los tribunales frenan el parque empresarial Fabraquer Nord de Sant Joan

El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Alicante concluye que no existe un estudio económico financiero que avale el proyecto

Una sentencia judicial de Alicante ha frenado el desarrollo del Parque Empresarial Fabraquer Nord en Sant Joan al considerar que no existe un estudio económico financiero que avale el proyecto. La resolución da la razón al recurso presentado por el grupo municipal Compromís contra el Ajuntamiento de Sant Joan d’Alacant.

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La formación de Compromís en Sant Joan lleva desde 2002 rechazando este macroproyecto «debido a la falta de seriedad en el proceso, la ausencia de iniciativa privada interesada en este sector y la falta de estudios económicos imprescindibles con una previsión rigurosa de los riesgos que pueda suponer estas actuaciones a las arcas públicas».

El Programa de Actuación Integrada (PAI), el Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización del Parque Empresarial se aprobaron en abril de 2021 con los votos de VOX, PP, Ciudadanos y PSOE, siendo rechazado por Podemos y Compromís. Este último ya informó que tomaría medidas legales por identificar serias irregularidades y no fundamentar su viabilidad, valorando la operación como “otra especulación urbanística más propia de la burbuja inmobiliaria, que no se adecúa a la realidad económica y social de Sant Joan”.

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De esta manera, el portavoz de Compromís, Sergio Agueitos, interpuso un recurso en el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Alicante contra el consistorio en junio 2021, impugnando la resolución que aprobaba el desarrollo del PAI del Parque Empresarial debido a la inexistencia del estudio económico financiero. Un documento de obligatoria presentación que debe prever el coste de ejecución y las fuentes de financiación de la intervención, y que ha de demostrar la viabilidad económica de la misma, como el mantenimiento de las infraestructuras o la prestación de servicios.

Ya en 2014, la formación presentó alegaciones en la primera exposición pública del programa en las que se apuntaba la falta de dicho estudio, al igual que en 2018 con la segunda exposición, pero el Ayuntamiento hizo oídos sordos y las rechazó todas. Por aquel entonces, Agueitos puso en evidencia la obsolescencia del proyecto, ya que casi 20 años después del inicio del desarrollo del plan, los riesgos a asumir por parte del consistorio eran mayores y no se habían ni siquiera planteado.

El grupo municipal indica que en las alegaciones se incluían aspectos que no estaban correctamente planteados en el Plan Parcial como el Plan de Movilidad, que no contemplaba la perspectiva de la accesibilidad universal o la movilidad urbana sostenible, y carecía de una propuesta aprobada por la Conselleria sobre la línea de transporte público que accediera al sector y dejando sin contemplar también las conexiones peatonales o ciclistas, incumpliendo de esta forma la ley 6/11 de movilidad de la CV.

La inexistencia del estudio económico ha sido clave para que ahora el tribunal haya fallado a favor de Compromís. Critican que el ayuntamiento de Sant Joan aluda al informe de sostenibilidad económica, ya que señalan que es un documento diferente y que no debe confundirse con el estudio. Un testo que consideran insuficiente, «pues solo describe las opciones de retribución de los propietarios sin un estudio o análisis de mercado actualizado que atendiese a posibles problemas en la financiación. Tampoco incluye ninguna valoración ni justificación de la inversión por parte de las arcas públicas, ni su sostenibilidad desde el momento de su puesta en marcha».

También pone en tela de juincio Compromís que la empresa municipal PYCSA no pudiera hacerse cargo de las actuaciones urbanísticas del plan.

La apuesta de Compromís está desde un inicio vinculada a incentivar alternativas al sector de la innovación, «sin necesidad de urbanizar los casi 700.000 metros cuadrados de Fabraquer que tendría como resultado la destrucción de un espacio dedicado tradicionalmente a la Huerta». Asimismo, ha solicitado los informes clave para su desarrollo a lo largo de los años, como el mencionado estudio económico, pero también una evaluación del impacto social, de género y ambiental, así como una especial atención a la protección de la zona debido a los restos arqueológicos que han aparecido por la zona y la protección de los elementos que puedan ser de interés patrimonial, como los caminos históricos o las acequias.

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