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jueves, 9 julio , 2020

Tres técnicos declararán en la causa contra dos alcaldes de El Campello por presuntamente trocear contratos

EUPV apunta a la presunta comisión de un delito de prevaricación continuada por pagos sin contrato a dos empresas por 460.000 euros.

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El magistrado del Juzgado de Instrucción número uno de Alicante ha llamado a declarar el próximo lunes al secretario, la interventora y la jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de El Campello en calidad de testigos.

Los técnicos declararán en las diligencias abiertas por un presunto delito de prevaricación continuada por un posible fraccionamiento de contratos. Se investiga al actual alcalde de la localidad, Juan José Berenguer (PP), y al exalcalde Benjamín Soler Palomares (Compromís). Ambos ya declararon el pasado mes de octubre.

La investigación se inició después de que el grupo municipal de EUPV de El Campello denunciara en noviembre de 2018 al alcalde y exalcalde por presuntamente haber contratado irregularmente desde 2011 y hasta 2018, con la excepción de 2015, el mantenimiento y limpieza de la ‘Fuente del Centenario’ y desde 2009 y hasta 2018, el mantenimiento y explotación de la depuradora del edificio ‘Cala Merced’ a dos mercantiles.

Según la denuncia de EUPV a la que ha tenido acceso Europa Press, la prestación de ambos servicios se realiza de una manera estructural, “por cuanto se suceden los contratos en el tiempo sin solución de continuidad, pero se prescinde del procedimiento legal de adjudicación de los mismos durante siete años consecutivos”, ha reflejado.

Los pagos por dichos servicios –120.000 euros y 340.000 euros–, contaron con reparos por parte de la Secretaría e Intervención municipal, que señalaron la ilegalidad de los contratos menores adjudicados a las mercantiles, ya que consideraron que era “obligado sacar a licitación pública la contratación de la prestación del servicio”, se indica en el documento.

La denuncia sostiene que se ha podido vulnerar la libre concurrencia y la igualdad en el acceso a las contrataciones públicas del Ayuntamiento de El Campello, al prescindir de los principios de publicidad y transparencia, “que deben estar presentes en la contratación administrativa” y al desoír los informes de los funcionarios encargados de la fiscalización del gasto público.

PAGOS SIN CONTRATO

EUPV de El Campello indica en la denuncia que, de 2011 a 2014, bajo la Alcaldía de Juan José Berenguer una de las mercantiles realizó el mantenimiento y limpieza de la Fuente del Centenario, sin más expediente que la remisión de facturas por parte del contratista, cuyos pagos contaron con reparos por parte de Intervención, levantados posteriormente por decretos de alcaldía.

En 2015 el servicio lo realizó temporalmente la Mancomunidad de Servicios del Alacantí y es en marzo de 2016, bajo el mandato de Benjamín Soler, cuando a la mercantil se le adjudica el contrato durante un año. En 2017 se repite la propuesta, que recibe de la Secretaría, Intervención y Contratación un informe de reparo de legalidad, advirtiendo “la nulidad del acto de adjudicación”. El 20 de abril, el alcalde levanta el reparo por decreto y se le adjudica el contrato.

Por último, en 2018, la misma empresa sigue prestando el servicio con la sola presentación de la factura, según la denuncia. Esta situación llevó al servicio de Intervención y Contratación a realizar sucesivos informes de reparo que sucesivamente fueron levantados por decretos del alcalde de Compromís.

CALA MERCED

La denuncia que incluye, también el servicio de mantenimiento y explotación de la depuradora del edificio Cala Merced, que realiza una mercantil sin expediente alguno desde el año 2009 y hasta 2018 y que ha supuesto el pago presuntamente irregular de 340.000, 30.000 euros al año.

En 2011 y 2016 el servicio de Intervención, Contratación y Secretaría realizaron sendos informes de reparo de la legalidad, al “no existir contrato con la misma”, “ni constar ninguna petición al Servicio de Contratación, por parte de la Concejalía competente”, indica la denuncia, a la vez que alerta sobre la “posible responsabilidad penal de las autoridades”, ante “la ausencia de procedimiento legal”.

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