Las constructoras de Alicante dedicadas a la edificación residencial y no residencial se sitúan entre las siete grandes provincias del sector con menor riesgo de impago en España. El 38% de las empresas de la provincia presenta un nivel máximo o elevado de riesgo, un porcentaje que la coloca, junto a Sevilla, en la posición más favorable dentro de este grupo y cuatro puntos por debajo de la media nacional, situada en el 42%.
La provincia ocupa además el cuarto lugar por volumen de actividad dentro del sector, concentrando el 6% del tejido nacional de constructoras de edificios, solo por detrás de Madrid (16%), Barcelona (11%) y Baleares (7%), y en niveles similares a València. Este peso convierte a Alicante en un territorio de referencia dentro del mapa estatal de la edificación, tanto por dimensión como por comportamiento del riesgo.
Un contexto nacional más tensionado
El escenario general del sector muestra un ligero empeoramiento respecto a los datos del año anterior. En el conjunto de España, el 42% de las constructoras de edificación residencial y no residencial se encuentra en riesgo máximo o elevado de impago, una situación marcada por factores estructurales como la escasez de mano de obra cualificada, las dificultades de acceso a la financiación, la pérdida de dinamismo de los visados de obra nueva y el impacto de las variaciones en el precio de los materiales de construcción sobre los márgenes empresariales.
Entre las grandes provincias del sector, el mayor deterioro del riesgo de crédito se registra en Baleares, donde el 61% de las constructoras presenta niveles elevados de riesgo, seguida de Málaga (56%) y Madrid (47%). Por el contrario, Alicante y Sevilla (38%) y Barcelona (40%) muestran ratios más contenidos dentro del grupo.
Atomización del sector y peso de la antigüedad
El análisis pone de relieve la fuerte atomización del sector de la edificación, con un 97% del tejido empresarial formado por micro y pequeñas empresas, mientras que las grandes compañías apenas representan el 0,3% del total. Esta estructura condiciona la capacidad de las empresas para absorber tensiones financieras en contextos de incremento de costes o restricción del crédito.
La antigüedad de las empresas es otro factor determinante en el riesgo de impago. El 54% de las constructoras del sector tiene menos de 10 años, y entre ellas el 51% se sitúa en niveles máximos o elevados de riesgo. Este porcentaje se reduce de forma significativa hasta el 31% en las empresas con entre 11 y 25 años y al 32% en las que superan los 25 años de actividad, lo que refuerza la estabilidad de las compañías con mayor trayectoria.
