La operación policial “FRANCISKAN-EVEREST” ha permitido desmantelar una organización criminal que introducía migrantes en situación irregular y los empleaba en condiciones de explotación laboral en ocho provincias, entre ellas Alicante, además de València y Castellón. La actuación se ha saldado con la detención de 11 personas, la investigación de 2 más y el auxilio a 322 ciudadanos extranjeros, de los que 294 se encontraban en situación irregular.
El complejo modus operandi consistía en aprovechar la entrada de inmigrantes irregulares con visados de turista al espacio Schengen y derivarlos después a diferentes puntos de España. La organización mantenía varias ramas interconectadas, una de ellas dedicada a alojar y emplear a los migrantes en la localidad albaceteña de Villalgordo del Júcar, desde donde eran distribuidos a fincas agrícolas de distintas provincias, incluida Alicante.
Las condiciones de alojamiento eran totalmente indignas e inhumanas, con personas hacinadas en colchones a ras del suelo, sin ventilación adecuada, escasez de aseos y falta de higiene y salubridad. Desde ese punto eran desplazadas diariamente en furgonetas que en algunos casos no reunían condiciones mínimas de seguridad. Como consecuencia, se registraron varios accidentes de circulación, uno de ellos con resultado mortal, que costó la vida a un trabajador de origen nepalí.
Las condiciones laborales eran igualmente abusivas: jornadas de hasta 12 horas, comisiones desproporcionadas por transporte, alojamiento o comida, y situaciones en las que las víctimas trabajaban durante meses sin percibir remuneración económica alguna, recibiendo únicamente una alimentación básica.
En la fase final de la operación se practicaron nueve registros —ocho en Villalgordo del Júcar y uno en La Roda— en los que se intervinieron dinero en efectivo, talonarios, cheques, teléfonos móviles, material informático, facturas, partes de trabajo, documentación fraudulenta, registros que acreditaban la actividad delictiva y contabilidad paralela. También se incautaron doce vehículos, dos de ellos de alta gama, y se procedió al bloqueo de diversas cuentas bancarias vinculadas a la red.
El operativo incluyó una amplia acción humanitaria debido a la especial vulnerabilidad de las personas alojadas por la organización. En ese proceso han participado la Embajada de Nepal, mediadores culturales y asociaciones de ciudadanos nepalíes, así como Cruz Roja Española, que ha proporcionado alimento, ropa de abrigo y ha gestionado alojamiento alternativo para los casos más vulnerables. La Junta de Castilla-La Mancha y la Subdelegación del Gobierno en Albacete colaboran en los trámites para regularizar la situación de los afectados.
La mayor parte de las víctimas han podido ser reubicadas en lugares donde contaban con cierto arraigo, y las diligencias continúan con nuevas declaraciones para determinar la posible comisión de otros delitos. El procedimiento judicial está siendo instruido por el Juzgado de La Roda, que ha decretado prisión provisional sin fianza para seis detenidos, y no se descartan nuevas detenciones.
