La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, ha exigido al alcalde, Luis Barcala (PP), que haga públicos los informes técnicos y jurídicos que esgrime el equipo de gobierno del PP, que avalan que es factible impulsar una ordenanza para regular la Zona de Bajas Emisiones sin establecer sanciones contra los posibles infractores. “Barcala anunció su pacto con la ultraderecha a través de un comunicado. Ha asumido la tesis negacionista del cambio climático y, desde entonces, permanece escondido para no dar explicaciones. El alcalde debe dar la cara y hacer públicos los supuestos documentos con los que justifica que se ha sometido a Vox aunque perjudique los intereses de las alicantinas y alicantinos”.
Barceló ha reclamado a los responsables municipales que informen a la ciudadanía de cuántos dispositivos medidores de contaminación se han instalado hasta ahora en Alicante, desde cuándo exactamente y si existe ya algún tipo de resultado sobre la concentración de partículas que sean perjudiciales para la salud. Además, ha instado a los populares a apoyar la moción que se debatirá en el próximo pleno ordinario para conformar una comisión que se encargue de la redacción de la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, con la participación de todos los grupos políticos. “Esa normativa debe de tramitarse con luz y taquígrafos. Sería inaceptable que se sigan ocultando supuestos informes a la oposición mientras se camina en la dirección contraria a la que establece Bruselas, algo que puede acarrear penalizaciones económicas muy significativas”, ha aseverado.
En esa línea, la portavoz socialista ha destacado que el informe realizado por la Generalitat Valenciana que evalúa los índices de contaminación en Alicante no miden las partículas en suspensión de diámetro igual o inferior a 2,5 micras (µm) (denominadas PM₂,₅), que son, precisamente, las que están consideradas de especial relevancia para la salud pública, según la OMS. El único dispositivo ubicado por la administración autonómica que sí midió esas partículas se dispuso en Rabassa y, por tanto, en ningún caso es representativo de la Zona de Bajas Emisiones. Por contra, el informe elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica en 2022 demostraba que el índice de contaminación se había disparado un 27% en los últimos cinco años en la ciudad.
De este modo, la portavoz del Grupo Socialista ha advertido de que con la decisión de Barcala de no establecer sanciones contra los infractores de la Zona de Bajas Emisiones se pone en riesgo la recepción de los fondos europeos que se han aprobado, exactamente, para actuaciones dirigidas al calmado del tráfico en el centro de la ciudad con tal de reducir los índices de contaminación. Todo con el objetivo de preservar la salud y avanzar en la lucha contra el cambio climático.
