El tercer informe del Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión, correspondiente a 2023, vuelve a alertar sobre la total ausencia de médicos psiquiatras en los centros penitenciarios valencianos y la escasez de personal sanitario.
Según el referido informe, presentado este martes en la Facultad de Derecho de la Universitat de València, únicamente el centro de Albocàsser dispone de una psiquiatra externa, mientras que el de Villena tiene un consultor también externo.
Tampoco existe coordinación con la unidad de salud mental, ni con un hospital de referencia ni hay protocolo alguno para ingreso de agudos en unidades psiquiátricas en los centros penitenciarios de Picassent, Alicante II-Villena o Castellón II (sí que existe en Castellón I).
Las autoras de este estudio, la criminóloga Aurora Fernández y la jurista Catalina Angulo, señalan igualmente que de las 80 plazas ofertadas en sanidad penitenciaria en 2021 sólo se cubrieron 7.
La población reclusa con problemas de salud mental oscila entre el 20 y el 70 % en cada centro penitenciario (no se especifican datos más concretos), si bien se incluyen en estos porcentajes las personas con adicciones.
En todas las prisiones valencianas hay internos pendientes de diagnóstico sin que en ninguna de ellas existan servicios de prevención de salud mental.
El informe vuelve a llamar la atención sobre el hecho de que han pasado más de 20 años sin que la Comunitat Valenciana haya tramitado la transferencia de las competencias de sanidad penitenciaria. De hecho, sólo tres autonomías (País Vasco, Cataluña y Navarra) lo han hecho; de modo que en el resto los servicios sanitarios continúan siendo competencia del Ministerio del Interior.
Actualmente no existen centros disponibles para la hospitalización de enfermos mentales graves que requieran un internamiento superior a los 15 días.
En los hospitales, según el referido informe, cuando se ingresa a algún preso por agravamiento de su trastorno mental “se le procura un alta rápida o ni siquiera se les acepta, porque van custodiados policialmente”.
“Teniendo en cuenta que las estimaciones indican que un 5 % de la población reclusa tiene un trastorno mental grave, estaríamos dejando a unas 3.000 personas en una situación crítica. La escasez de recursos obliga a la administración a recurrir a los únicos hospitales psiquiátricos penitenciarios que existen, en Alicante y Sevilla”.
Este problema, a juicio de las investigadoras, “se solucionaría implantando pequeñas unidades en cada comunidad autónoma que atiendan a un máximo de 20 pacientes. Con sistemas ágiles de coordinación y derivación”.
Por último, el informe advierte sobre la “relación errónea” entre crimen y trastorno mental, que ha ido en aumento en los últimos años, en parte alentada por la literatura, el cine o la televisión. “Basta con ver algunas series policiales o de crímenes para darnos cuenta de que sus protagonistas, en un 90 %, padecen algún trastorno mental”.
“Si bien existe un cierto porcentaje de personas que padecen problemas de salud mental y que cometen delitos, no se puede concluir que esta sea una de las causas de su conducta, puesto que las condiciones sociodemográficas y psicosociales tienen gran influencia a la hora de la determinación de un individuo para delinquir”, concluye el informe.
