La Plataforma por la Reversión del hospital Vinalopó ha afirmado que lo sucedido en Torrejón de Ardoz no ha sido un episodio aislado. Indican que es un patrón que atribuyen a Ribera Salud. Su portavoz, Eva Irles, ha señalado que los audios conocidos han dado la razón a las denuncias mantenidas durante años en torno al centro ilicitano. Además, ha criticado que la Generalitat haya otorgado una prórroga de cinco años sin estudios que la avalen. El colectivo ha reclamado auditorías urgentes y ha avanzado nuevas acciones con un objetivo declarado: ‘Esto es una lucha que acabará cuando el Vinalopó esté en manos de la administración pública’. Según la plataforma, ese supuesto modus operandi se habría traducido en decisiones orientadas a la rentabilidad. Estas decisiones impactan en la atención, una señal de alarma que, sostienen, los audios han reforzado.
Críticas de la oposición en Elche
Los grupos de izquierda en el ayuntamiento de Elche se han sumado a las acusaciones. El portavoz socialista, Héctor Díez, ha asegurado que lo conocido en Torrejón constata lo que muchos vecinos ya han percibido. Ha denunciado largas listas de espera, cambios constantes de médicos y derivaciones cuando surgen complicaciones. Por ello, ha reclamado la reversión al sistema público, como se ha hecho —ha subrayado— con otros hospitales de gestión privada en la Comunidad Valenciana.
Desde Compromís, Esther Díez ha sostenido que lo revelado en Torrejón resulta extrapolable a la realidad del Vinalopó. Ha recordado denuncias recientes sobre la priorización de cirugías más rentables. También ha mencionado la reducción de tiempos de recuperación para recortar gastos y carencias significativas de personal. Entre estas carencias, destaca la falta de la mitad de la plantilla de enfermería o de cinco pediatras. ‘Los datos demuestran que cuando una empresa privada gestiona un hospital público, prioriza el negocio sobre la salud’, ha remarcado. Al mismo tiempo, ha reprochado al alcalde, Pablo Ruz, su apoyo a la prórroga con Ribera Salud.
En este contexto, la prórroga de cinco años ha sido interpretada por la plataforma y la oposición como la prolongación de un modelo cuestionado. Esto, argumentan, puede agravar problemas ya detectados: demoras para acceder a consultas y operaciones, discontinuidad asistencial por la rotación de profesionales. Además, hay más derivaciones a otros recursos cuando los casos se complican. Las auditorías reclamadas han sido presentadas como un primer paso para verificar el cumplimiento contractual, evaluar el uso de recursos y medir el efecto real en la calidad asistencial. El debate se ha intensificado tras los audios, que han actuado como detonante de nuevas movilizaciones. Estos audios han reabierto la discusión sobre si la gestión del Vinalopó debe revertirse a lo público en el corto plazo.
