El president de la Generalitat, Carlos Mazón, y los representantes de los sindicatos CSIF, UGT y CC.OO, han firmado este jueves el acuerdo en materia de función pública para esta legislatura, en el que se recogen los compromisos a abordar a lo largo de estos tres años para mejorar las condiciones laborales del personal funcionario, estatutario y laboral de la Generalitat, incluyendo también a Sanidad, Justicia y Educación.
Una “hoja de ruta” que marcará las negociaciones de asuntos como la implantación de la jornada laboral de 35 horas, la revisión del teletrabajo, o la incorporación de planes de igualdad y conciliación. Además incluye un calendario con los plazos y objetivos que se abordarán durante este tiempo en las mesas sectoriales, y una comisión de seguimiento que se reunirá cada seis meses.
“El Consell y los sindicatos avanzamos en la estabilidad del personal público y empezamos un nuevo camino para una Administración Pública que preste el mejor servicio a la ciudadanía” ha manifestado el jefe del Consell, que también ha agradecido el trabajo realizado por los sindicatos y las consellerias de forma transversal para este acuerdo, “el primer reto conseguido que se ha saldado con nota”.
En esta línea, ha mostrado su “orgullo y compromiso” con la negociación alcanzada y ha remarcado que con este acuerdo se avanza con “certeza y seguridad” en la estabilidad, la reducción de la temporalidad y la brecha salarial, así como en la violencia laboral y de género, la jornada de 35 horas y el teletrabajo. Medidas que estarán condicionados a la disponibilidad presupuestaria y a que no afecte a la correcta prestación de los servicios públicos.
El máximo representante del Consell ha instado además a luchar contra la estigmatización del funcionariado y ha señalado que con este acuerdo el personal público “da un paso adelante para comprometerse”, al tiempo que ha elogiado “su labor y vocación de servicio público”.
“No es un cheque en blanco”
Por su parte, los sindicatos han celebrado este acuerdo que inicia la “dignificación” del personal de la administración pública y “garantiza servicios públicos de calidad”, aunque han advertido al gobierno valenciano que “no es un cheque en blanco” y que vigilarán que se cumplan los compromisos y avancen las negociaciones, sobre todo, la jornada de 35 horas que en Sanidad está atascada y que ha llevado al personal sanitario a movilizarse.
Mazón también ha confirmado que “no es un cheque en blanco” porque “la ciudadanía espera lo mejor de nosotros como un instrumento para prestar el mejor servicio público”. Por ello, ha puesto en valor las políticas de evaluación porque “estamos sometidos al examen de los ciudadanos” y ha señalado la importancia de “establecer una corresponsabilidad de todos”.
Sobre la viabilidad de aplicar la reducción de jornada en el ámbito sanitario, el jefe del Consell ha evitado pronunciarse y ha señalado que no quiere “predisponer” la negociación “antes de empezar” a trabajar en un consenso. Eso sí, ha reconocido que “el reto no es menor” y que “hay mucha gente que sabe de esto” y se trabajará en ello con “la mejor voluntad” y “sentido común”.
Compromiso mutuo de negociación
Así pues, el Consell y sindicatos se comprometen a que las Ofertas de Empleo Público se encaminen hacia el objetivo de que la temporalidad quede por debajo del 8 % a final de la legislatura. Para ello, se acuerda también de manera unánime solicitar al Gobierno de España la eliminación de la tasa de reposición.
Asimismo, ambas partes se comprometen a desarrollar un Plan Estratégico de Recursos Humanos en todos los sectores de la Administración autonómica (incluidos Sanidad, Educación o Justicia) y el resultado de este plan servirá de diagnóstico para mejorar la cultura organizativa de la administración y para adecuar los procesos de selección.
El documento también recoge por primera vez la negociación evaluación del desempeño para “orientar el trabajo de los funcionarios a la consecución de unos objetivos estratégicos y la evaluación de los mismos”. Al respecto, se incluyen otros aspectos como el análisis de las ausencias en la jornada laboral y complementos no consolidables que variarán cada año en función del rendimiento.
También se le otorga peso a la formación continua y permanente de los empleados públicos, para lo cual la Administración plantea ofrecer esta oferta formativa y también, como novedad, los sindicatos podrán homologar sus acciones formativas.
Del mismo modo, el pacto prevé la revisión de los planes de igualdad para adaptarlos a la normativa vigente, la realización de cursos de formación sobre igualdad y violencia de género, y se amplía el derecho a la movilidad de las trabajadoras víctimas de violencia de género a aquellas mujeres que tengan a su cargo mujeres que sufran este tipo de violencia.
El texto además recoge la necesidad de reactivar las Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas de la Comunitat Valenciana, la Mesa General de Negociación de Administración Local y la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas de la Comunitat Valenciana, dado que “pese a estar recogidas en la Ley de Función Pública, el Botànic no las puso en marcha”.
