El barrio de San Antón de Elche está declarado desde algunos años en situación de derribo urbanístico. Estas viviendas no entran dentro del Plan de Reforma Interior, por lo que no se pueden pedir ayudas públicas. Además, la situación de deterioro y envejecimiento lo convierten en un barrio no apto para vivir. Las promesas de derruir la viviendas y construir bloques nuevos llegan con retraso, porque rehabilitar el barrio es mucho más costoso. La primera fase del proyecto de los cuatro bloques que debían construirse, tan sólo hay uno levantado y el segundo está en fase de construcción. Otro de los males que está sufriendo el barrio de San Antón son los okupas, que se apoderan de las viviendas tapiadas generando inseguridad entre los vecinos. La población de este núcleo urbano situado en un enclave entre la carretera de Santa Pola, el Estadio Martínez Valero y el barrio de Altabix, ha visto como las promesas políticas se incumplían a la vez que envejecían sus gentes. El barrio de San Antón se levantó en la zona oriental de la ciudad en los años 50, la intención por aquel entonces era acoger al centenar de inmigrantes que vinieron a Elche a trabajar. La empresa constructora PLULSO, antes de quebrar, fue quien inició las construcciones para que poco después, fuesen los vecinos quienes terminasen las obras con mucho esfuerzo y con las ayudas de los préstamos.
En la actualidad, el Ayuntamiento no cubre el mantenimiento que se pueda realizar en cualquier edificio, porque cuesta más rehabilitar el barrio que levantar uno nuevo. La problemática empezó, no con la construcción de las viviendas nuevas contempladas en el plan urbanístico sino, cuando se les dijo a los vecinos que tenían que abonar un tercio del precio de la nueva vivienda y ceder su inmueble antiguo. El concejal de Urbanismo y vicepresidente de Pimesa, José Manuel Sánchez, reconoce que la solución del envejecimiento del barrio se está pidiendo desde hace unos 15 años y aunque el consistorio ha invertido más de un millón de euros en el mantenimiento de pisos antiguos, el caso del barrio de San Antón era completamente distinto. Según explica el edil de Urbanismo, las condiciones que se le ofrece a los vecinos son ventajosas, ya que, entregan una vivienda en mal estado y pagan una cantidad menor de lo que vale el nuevo piso. El segundo bloque se espera que esté terminado antes de que acabe el 2018 y el tercer bloque comenzaría las obras a principios de 2019. El presidente de la Asociación por la Defensa de los Intereses del Barrio San Antón (ADIBSA), Matías Lorente, establece que tanto levantar un barrio nuevo como rehabilitarlo, debe asumirlo el Ayuntamiento y no los vecinos del barrio. La población envejecida del barrio que ronda entre los 60 y 70 años no pueden asumir un crédito hipotecario y otra de las quejas es la lentitud de las construcciones. La explicación del retraso del proyecto por parte del equipo de Gobierno ilicitano se debe a su complejidad en cuanto a requerir subvenciones, gestiones y acuerdos entre los vecinos del barrio, que han visto como se cerraba temporalmente el colegio Carlos III, como derribaban el Centro Social, trasladado el mercado de frutas y verduras, así como, el desvío del recorrido de autobuses generando una sensación marginal en el barrio. Esta percepción se incrementa con los retrasos de la recogida de basura, la falta de pequeños comercios, servicios sociales, instalaciones para personas mayores y otros servicios como el postal que tardan en la entrega del correo.
Evitar el IRPF
El alcalde de Elche se entrevistó a principio de mes de noviembre en Madrid con el subdirector general de Tributos y técnicos del Ministerio de Hacienda, para proponerles que las subvenciones que recibiesen los vecinos del barrio San Antón fuesen tratadas como una deducción fiscal en el tramo autonómico del IRPF. Carlos González pidió a la Agencia Tributaria que suspendiera la tramitación de expedientes que afectan a vecinos del primer bloque de viviendas, familias humildes con rentas bajas. La primera fase de construcción de tres bloques consiste en un primer bloque de 74 viviendas, el segundo que todavía está en obra con 120 viviendas y el último que iniciará su edificación con 90 pisos. El equipo de Gobierno junto a Pimesa están gestionando la segunda fase que contempla la construcción de un nuevo bloque de 55 viviendas. La Generalitat Valenciana, seis días después de la reunión en Madrid, vio viable la propuesta sobre el alcance de las deducciones que por su naturaleza autonómica, al ser un impuesto cedido en un 50% a la Comunidad Valenciana, ésta legisla sobre ese porcentaje. Otra de las propuestas que están encima de la mesa es el intentar conseguir algún tipo de aplazamiento o fraccionamiento de los pagos hasta que se alcance una solución definitiva al problema fiscal.
El alcalde ante esta situación considera que “para ser viable la rehabilitación del barrio, las subvenciones percibidas por los vecinos tienen que ser neutras desde el punto de vista fiscal y no tributar”. Este es el motivo que ha llevado a Carlos González a realizar todas estas entrevistas para que la carga fiscal no acabe castigando las economías de estas familias del barrio San Antón.