El Comité de Empresa de Automóviles La Alcoyana comunica oficialmente el mantenimiento de la huelga prevista para el próximo 29 de mayo, como respuesta a «la ausencia de avances concretos por parte de las administraciones competentes y de la propia empresa, así como al progresivo deterioro del servicio público de transporte en Alicante y su área metropolitana».
Los representantes de los trabajadores explican que, desde el inicio del conflicto, han mantenido una interlocución constante con la Conselleria de Movilidad, el Ayuntamiento de Alicante y diversos grupos políticos de la oposición —Compromís, PSOE y Esquerra Unida Podem— en los municipios afectados.
«Estas formaciones han mostrado su preocupación por el estado del servicio y han manifestado su respaldo a una solución estructural», manifiestan.
Ese apoyo se traducirá en mociones y propuestas en los próximos plenos municipales de Alicante, San Vicente del Raspeig, Mutxamel, Campello y San Juan, así como en Les Corts Valencianes, «donde se reclamará la creación urgente de un ente metropolitano que garantice una gestión coordinada, eficiente y sostenible del transporte público, con estándares de calidad y continuidad».
La Conselleria ha anunciado recientemente una ampliación temporal del servicio a partir del 1 de junio, que, en horario de verano (del 1 de junio al 30 de septiembre), contempla la incorporación de tres autobuses adicionales en la línea 24, tres más en la línea 23 y uno en la línea 21. Sin embargo, estas medidas «son claramente insuficientes para revertir la precariedad actual», a juicio del comité de empresa de la Alcoyana.
Lamentan, asimismo que dicha ampliación está limitada hasta el 31 de diciembre y condicionada a la supresión del bono gratuito para menores a partir del 1 de julio, así como a una reestructuración de los títulos de transporte. Indican que no se ha aclarado si los nuevos bonos se aplicarán exclusivamente a las líneas interurbanas, lo que podría dejar fuera a gran parte de la ciudadanía. Tampoco se ha garantizado la continuidad del descuento del 50 % en el resto de bonos. Una situación que apuntan que genera incertidumbre tanto para los usuarios como para los trabajadores.
A pesar del anuncio de ampliación del servicio, recuerdan que ha sido la propia empresa concesionaria, Automóviles La Alcoyana, quien ha trasladado que este “saldrá adelante” utilizando la flota actual, sin refuerzos. Una flota que aseveran que está «envejecida y con continuas averías, convierte cada jornada en un verdadero reto para garantizar todas las salidas. No se han realizado inversiones visibles en renovación ni refuerzos técnicos o humanos, lo que
agrava aún más la situación».
Reprochan que, a este escenario se sume «la negativa de los ayuntamientos de la comarca a asumir la implantación de un ente metropolitano, alegando, según el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Alicante, Carlos de Juan, una falta de recursos económicos para afrontar una gestión compartida». Esta postura resulta «decepcionante» y «traslada a la ciudadanía y a los trabajadores la carga de un problema que requiere soluciones institucionales inmediatas».
Sin embargo, tanto el Ayuntamiento de Alicante como la Conselleria de Transportes han trasladado a los trabajadores su intención de prorrogar por ambas partes el acuerdo de colaboración que sustenta las licitaciones vigentes. Por ello, consideran que «no existen impedimentos reales para la creación del ente metropolitano: solo hace falta voluntad política y trabajo coordinado
para hacerlo posible».
Mientras tanto, inciden que la empresa concesionaria sigue operando bajo un contrato de emergencia, «escudándose en la falta de licitación para justificar su inacción en el mantenimiento y renovación de la flota». El comité denuncia que «no ha habido, a día de hoy, ningún refuerzo técnico ni humano que permita afrontar con garantías la situación ni la ampliación del servicio anunciada».
Y apuntan a una «irresponsabilidad compartida de las administraciones y de la empresa, que están condenando a trabajadores y ciudadanos a un sistema de transporte precario, inestable y degradado».
Con la huelga del 29 de mayo exigen compromisos reales, inversiones
urgentes y soluciones definitivas que garanticen «un transporte público digno, accesible y sostenible».
Del mismo modo, el Comité aboga y se ratifica en la necesidad del rescate de la
concesión como medida estructural y definitiva, con el fin de garantizar una gestión «pública, eficiente y centrada en el interés general».
