Los días 2 y 3 de junio, los Técnicos Superiores Sanitarios de toda España llevarán a cabo una huelga de 24 horas para exigir el reconocimiento universitario de sus titulaciones y la dignificación de su profesión. La convocatoria abarca a trabajadores de instituciones públicas y privadas, incluyendo hospitales, centros de investigación y organismos oficiales.
Reivindicación histórica por el Grado universitario
La movilización está impulsada por las comisiones interinstitucionales que agrupan a profesionales de Imagen Médica, Radioterapia, Laboratorio Clínico, Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. Estas denuncian el desinterés de los ministerios implicados —Sanidad, Educación y Universidades— en incorporar sus propuestas al anteproyecto del Estatuto Marco de los Servicios de Salud, que reforma la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
Los profesionales lamentan «no haber sido recibidos por Sanidad ni considerados en las negociaciones, mientras otros colectivos sí han logrado avances».
Demandas clave: equiparación y reconocimiento profesional
Entre los puntos críticos que motivan la huelga se encuentran:
- Falta de reconocimiento de sus titulaciones como Educación Superior (nivel MECES 1 y EQF 6).
- Incumplimiento del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público sobre la clasificación del Grupo B desde 2007.
- Ausencia de una formación especializada reconocida oficialmente (Diplomas de Acreditación Avanzada).
- Exigencia de una dependencia jerárquica única bajo la Dirección Médica.
- Petición de retirar la figura del “administrativo sanitario” en el Plan de Atención Primaria 2025, por solapamiento legal con Técnicos en Documentación Sanitaria.
Objetivo: normalización profesional y transformación educativa
El Comité de Huelga subraya que la finalidad es doble: lograr la normalización profesional de los Técnicos Superiores Sanitarios en el sistema público y actualizar su formación al nivel de Grado universitario, en línea con el Espacio Europeo de Educación Superior.
Piden disculpas por las molestias que puedan ocasionar a pacientes y ciudadanos, pero insisten en que la responsabilidad recae en una administración que lleva 40 años ignorando sus reivindicaciones y frenando su desarrollo profesional.
