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sábado, diciembre 20, 2025

Investigan a 29 personas por la venta de parcelas ilegales con mobil homes en Mutxamel

Una mujer con antecedentes por hechos similares actuaba como intermediaria en la compraventa del terreno rústico

La Guardia Civil ha investigado a un total de 29 personas por su presunta implicación en un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Esto está vinculado a la construcción de viviendas ilegales en suelo no urbanizable en la partida de Baiona Alta, en el término municipal de Mutxamel.

La operación se inició el pasado febrero, cuando la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Jijona detectó posibles construcciones irregulares en una zona rústica del municipio. Tras desplazarse al lugar, los agentes comprobaron que se trataba de una parcela de más de 34.000 metros cuadrados. Esta estaba clasificada como suelo no urbanizable y había sido dividida en 16 subparcelas. Algunas de ellas fueron fraccionadas de nuevo, con casas móviles o mobil homes instaladas sin licencia urbanística.

Detenciones

Detrás de la trama se encontraba una mujer de 41 años que actuaba como intermediaria y que ya contaba con antecedentes por hechos similares. Según detalla la Guardia Civil, figuraba en la escritura pública de compraventa como mandataria verbal del vendedor, encargándose de gestionar la operación. Los compradores, por su parte, habían adquirido porcentajes o participaciones del terreno total, lo que implicaba también la copropiedad de las subdivisiones ilegales.

Tras varios meses de investigación, desarrollada entre febrero y diciembre, el SEPRONA ha investigado a la intermediaria y a 28 propietarios más, con edades comprendidas entre 26 y 72 años. Todos ellos son titulares actuales de las parcelas segregadas ilegalmente. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de San Vicente del Raspeig, y se han realizado gestiones con la autoridad municipal competente.

Desde la Guardia Civil alertan de que comprar una vivienda ilegal puede conllevar sanciones, órdenes de demolición y la pérdida total de la inversión. Además, este tipo de construcciones carecen de garantías técnicas y urbanísticas. Esto puede generar daños materiales y dificultar el acceso a servicios básicos como el agua, la electricidad o el saneamiento.