El alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez, ha anunciado que baraja presentar alegaciones contra la suspensión cautelar de la delegación de competencias en infraestructuras educativas, que se iba a plasmar en un Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP).
En declaraciones a EFE, el alcalde ha calificado de “falta de respeto al municipio” esta suspensión cautelar decretada en los últimos días por la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, y ha comentado que mañana prevé reunirse con el gabinete jurídico y técnico municipal para evaluar las diferentes alegaciones y “enfrentarnos a esta resolución”.
El regidor socialista ha lamentado esta paralización de las obras del Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP) que el municipio de la comarca de la Vega Baja tenía presupuestado en las cuentas de la Generalitat de 2023.
Sáez ha criticado que los únicos motivos de la suspensión sean que se considere que “Guardamar no es estratégicamente, ni en términos de necesidad económica y en posibilidades de empleabilidad del alumnado saliente, la localidad adecuada”.
En su conjunto, se trata de un centro que tenía la intención de ofertar un total de doce ciclos de las familias profesionales de instalación, mantenimiento, fabricación mecánica, energía y agua, y de formación marítimo pesquera.
Esta última, basada en el sector con gran implantación en la zona de la acuicultura, tendría una repercusión directa para el desarrollo de la actividad pesquera del municipio, que cuenta con una explotación de 42 jaulas vivero en su litoral destinadas a estas prácticas que alcanzaron en 2019 una facturación de 9,5 millones de euros anuales.
Sáez ha explicado que se trata de un centro que “imploraba toda la Veja Baja” y que iba a contar con el movimiento de aproximadamente “1.000 alumnos”, así como de un “importante movimiento económico y posicionamiento social”.
La localidad tiene 15 días hábiles para enviar las alegaciones que considere pertinentes aunque desde el ejecutivo local reconocen que siguen “en shock” y consideran que son víctimas de una “situación de indefensión”.
