La Generalitat Valenciana ha detectado la falta de documentación preceptiva en parte de los expedientes correspondientes a los 140 adjudicatarios de viviendas de protección pública (VPP) de la Playa de San Juan, en Alicante, investigadas por posibles irregularidades que podrían determinar que algunos de los beneficiarios no cumplían los requisitos exigidos para acceder a este tipo de promociones.
La vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha explicado este miércoles en Alicante que la carencia de información afecta, “en algunos de los expedientes”, a los datos sobre propiedades e ingresos económicos que debe acreditar la unidad familiar adjudicataria de una VPP. Según ha detallado, se han localizado expedientes en los que solo constan los datos de uno de los beneficiarios con el argumento de una separación de bienes, cuando la normativa obliga a incluir la información de todos los convivientes.
Revisión completa de la promoción Les Naus
Camarero ha señalado que todos los expedientes de la promoción Les Naus, ubicada en la Playa de San Juan, serán revisados “punto por punto”. Según ha explicado, todos ellos comparten un mismo denominador común: haber sido tramitados y supervisados por el funcionario que este lunes ha sido suspendido cautelarmente de empleo y sueldo tras avalar la adjudicación de una vivienda protegida a su propia esposa, arquitecta municipal, sin inhibirse y ocultando datos relevantes de la unidad de convivencia de la que él mismo forma parte.
La consellera ha indicado que, además de su propio caso, este funcionario dio por válidos otros expedientes con datos económicos incompletos al excluir al cónyuge, pese a que la Ley obliga a incluirlo. Todos estos casos serán objeto de una revisión de oficio para actuar “caiga quien caiga” y para que “la Ley actúe” si se determina que ha existido delito.
Investigación en Fiscalía y cautela en las conclusiones
A preguntas de los periodistas antes de asistir a una reunión de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana en Alicante, Camarero ha recordado que la Generalitat ha trasladado el caso a la Fiscalía y que, tras conocerse el escándalo, se abrió una investigación interna que permitió detectar las presuntas irregularidades del funcionario apartado.
“No queremos alarmar hasta que no conozcamos uno por uno los casos”, ha advertido, antes de insistir en que el objetivo es comprobar si los adjudicatarios “efectivamente reúnen las condiciones para poder comprar esa vivienda” y, en caso contrario, actuar conforme a lo que determine la Justicia.
Ventas, alquileres y derecho de retracto
En relación con posibles transmisiones de estas viviendas, la consellera ha informado de que, de los 140 pisos, solo se ha registrado una solicitud de venta y tres peticiones de alquiler. Ha recordado que ambas operaciones requieren autorización previa de la Conselleria y solo se permiten en supuestos concretos, como un contrato laboral en el extranjero o el cuidado de personas dependientes en otro punto geográfico.
En este contexto, Camarero ha subrayado que la Administración valenciana estudiará ejercer el derecho de retracto y ha recalcado que no se tolerará “ninguna posibilidad de que se especule con unas viviendas de protección pública”.
Críticas al PSPV y Compromís y cambios en el sistema
La vicepresidenta del Consell ha acusado de “hipocresía” al PSPV-PSOE y a Compromís, a quienes reprocha manipular los hechos y generar “bulos” al confundir, según ha afirmado, las viviendas de protección pública con la vivienda social. En este punto, ha recordado que durante los ocho años de gobierno del Botànic se construyó “cero” vivienda social.
Camarero ha atribuido a la política del anterior Consell el aumento de las listas de espera y el encarecimiento del 50 % en el precio de venta y del 90 % en el alquiler, tras la modificación de los márgenes de renta para los solicitantes. Asimismo, se ha comprometido a impulsar cambios para estrechar la vigilancia y garantizar la limpieza del proceso de adjudicación.
Entre las medidas anunciadas, ha avanzado que la comprobación de los requisitos dejará de depender de un único funcionario y pasará a un órgano colegiado, una comisión de evaluación, además de reforzar la publicidad de las promociones públicas por parte de las promotoras y crear un registro general para todas las personas interesadas en acceder a una VPP.
