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martes, febrero 10, 2026

Elche vetará a cargos públicos y asesores del acceso a la vivienda pública municipal

El Ayuntamiento refuerza los controles del plan Casa Fácil para garantizar que las viviendas se adjudiquen a quienes realmente las necesitan

El Ayuntamiento de Elche impedirá el acceso de políticos, asesores y altos cargos a la vivienda pública municipal. Para ello, incorporará cláusulas específicas, mecanismos de control y garantías adicionales en el programa Casa Fácil. La adjudicación provisional de los primeros lotes se realizará en los próximos días.

El alcalde, Pablo Ruz, ha explicado que estas medidas tienen como objetivo evitar cualquier duda sobre el proceso. Además, buscan asegurar que “no accedan a la vivienda pública personas a las que no les corresponde”.

El programa Casa Fácil permitirá iniciar la construcción de 240 viviendas de protección pública en Elche para paliar el déficit habitacional existente.

Según ha detallado el alcalde, quedarán excluidas del acceso a estas viviendas las personas que ya dispongan de una vivienda. Tampoco podrán las personas que no cumplan los requisitos legales, quienes intenten hacerlo mediante fraude o información falsa y, de forma expresa, los concejales de la corporación, asesores y altos cargos.

Control público y verificación de requisitos

Una parte de las viviendas será gestionada directamente por la empresa municipal PIMESA en régimen de alquiler. El resto lo hará la empresa adjudicataria, siempre bajo control público. En este caso, todas las personas interesadas deberán ser comunicadas a PIMESA. Esta empresa será la encargada de revisar, verificar y validar el cumplimiento de los requisitos.

Además, la empresa municipal ha elaborado un documento específico de ausencia de incompatibilidades, que deberá ser firmado de forma obligatoria por todas las personas solicitantes. El fin es garantizar que no existan conflictos de intereses ni situaciones irregulares.

Canal de denuncias confidencial

El Ayuntamiento habilitará también un canal de denuncias confidencial, para que cualquier persona pueda comunicar posibles irregularidades detectadas durante el proceso de adjudicación.

Ruz ha subrayado que “estas medidas no endurecen el acceso, lo que hacen es proteger a quienes realmente necesitan una vivienda”. Además, ha insistido en que el programa Casa Fácil es vivienda pública con garantías, pensada para las personas y no para privilegios.