Miguel Ángel Sánchez, jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, ha decidido renunciar a su puesto tras la polémica por presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas en Alicante.
En un escrito dirigido a la consellera, sostiene que no mantiene vinculación jurídica, patrimonial ni administrativa con la promoción, y que la vivienda fue adjudicada a una persona ajena a su responsabilidad profesional.
Motivos de la renuncia
En su explicación, Sánchez indica que adopta la decisión por razones personales ante la exposición pública generada en los últimos días.
Argumenta que el motivo es “la creciente exposición mediática en torno a este asunto, así como el impacto personal” que está teniendo sobre sus hijas menores y su entorno familiar.
Añade que, en estas circunstancias, considera que “lo más responsable, en este momento, es dar un paso al lado de manera voluntaria ante la exposición mediática generada por una situación plenamente ajena”.
El alto cargo subraya que no ha intervenido, ni directa ni indirectamente, en procedimiento alguno relacionado con la adjudicación, que, recalca, pertenece por completo al ámbito privado de terceros. Su marcha llega tras regresar de una misión institucional en China, y busca, afirma, evitar que el foco mediático y político se desplace sobre su entorno mientras persiste la controversia.
Objetivo de su dimisión
Sánchez insiste en que dimite con el objetivo de proteger a su familia y “evitar que esta circunstancia pueda ser utilizada malintencionadamente para proyectar dudas o generar ruido sobre la acción del Consell”. Con este paso, pretende minimizar el desgaste y preservar la actividad ordinaria de la Conselleria y del conjunto del Ejecutivo autonómico.
Contexto
La renuncia se ha producido en un contexto de creciente tensión por las adjudicaciones de vivienda protegida en Alicante.
Antes ya habían dimitido la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez (PP), tras conocerse que figuraba entre las adjudicatarias, y la directora general municipal de Organización Interna, María Pérez-Hickman, después de que dos de sus hijos y un sobrino adquirieran una de estas viviendas sociales.
La sucesión de dimisiones ha amplificado el escrutinio público sobre los criterios de adjudicación y sobre la exigencia de ejemplaridad de los cargos públicos implicados, con un debate centrado en la transparencia y en la separación entre responsabilidades institucionales y decisiones del ámbito privado.
