El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha defendido que la Generalitat ha actuado “con inmediatez y con ejemplaridad” tras detectar presuntas irregularidades en la adjudicación de una promoción de viviendas sociales en Alicante, al apartar de sus funciones al funcionario implicado y trasladar los hechos a la Fiscalía.
Barrachina ha subrayado que no recuerda “ningún caso” similar en el que, tras detectarse que un funcionario había tramitado un expediente que afectaba a su mujer sin inhibirse, se haya actuado con tal rapidez, provocando que “haya perdido el empleo y el sueldo con inmediatez”. “Eso solo ha sucedido con nosotros”, ha insistido tras el pleno del Consell, donde ha defendido que se ha actuado “con contundencia”.
Según ha explicado, el funcionario apartado cuenta con 25 años de carrera y ocupaba ese puesto por una decisión adoptada en su día por Compromís y el PSPV, al tiempo que ha remarcado que, hasta ahora, se trata de “la única irregularidad conocida” y ya ha sido comunicada a la Fiscalía.
Investigación abierta y refuerzo de los controles
El portavoz del Consell ha indicado que se están revisando todos los expedientes vinculados a esta promoción por si en los visados se hubieran producido omisiones o faltas, y ha asegurado que cualquier irregularidad adicional que se detecte también se remitirá a la Fiscalía.
En paralelo, ha anunciado que se han reforzado los mecanismos de control en la adjudicación de viviendas sociales para evitar que los visados dependan de una sola persona, mediante la creación de un órgano colegiado con al menos dos responsables encargados de verificar los expedientes. A estas medidas se suman otras ya implantadas, como la imposibilidad de que los notarios autoricen compraventas sin visado previo o la posibilidad de ejercer el derecho de retracto.
Además, Barrachina ha señalado que se han impulsado actuaciones para que la información sea “disponible y accesible” y para dotar al proceso de “mayor transparencia”, con el objetivo de reforzar las garantías en futuras adjudicaciones.
Relación con Vox y alcance de las irregularidades
Preguntado por las peticiones de Vox para que dimita el alcalde de Alicante y se cree una comisión de investigación, el portavoz del Consell ha asegurado que no aprecia ningún riesgo en la relación con este partido, con el que mantienen “una relación de lealtad y de confianza” y con el que han aprobado numerosas medidas y los presupuestos.
Sobre el impacto de los niveles de renta en el acceso a las viviendas, Barrachina ha recordado que la ampliación más relevante de los mínimos se aprobó durante los gobiernos del PSPV y Compromís, al pasar de 4,5 a 6,5 veces el IPREM, mientras que el incremento impulsado posteriormente por el PP fue “mucho más modesto”. En cualquier caso, ha recalcado que “el presunto comportamiento irregular de un funcionario no tiene que ver con los niveles de renta”, sino con que “tenía que inhibirse y hacer su trabajo con profesionalidad” y “parece ser que no lo hizo”.
En cuanto a posibles sanciones o a la reversión de adjudicaciones, el conseller ha señalado que, por ahora, la única irregularidad constatada es la del funcionario apartado y que no se ha acreditado que ninguna de las personas adjudicatarias no cumpliera los requisitos. “No estamos en ese momento procesal”, ha afirmado, aunque ha indicado que habrá que atender a lo que establezca la normativa y a la capacidad de revisión de la cooperativa adjudicadora si se detectaran nuevas irregularidades.
