Compromís ha denunciado ante la Comisión Europea la actividad de la oficina “de la maternidad” impulsada por el Ayuntamiento de Alicante. Una estructura que, según la formación, es un eufemismo para limitar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El eurodiputado Vicent Marzà y la regidora de Alicante, Sara Llobell, se han reunido con las impulsoras de la Iniciativa Ciudadana Europea ‘My Voice My Choice’ y con la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea para exponer un caso paradigmático de incumplimiento de la legislación vigente.
Desde la formación valencianista, señalan que los datos oficiales acreditan que los hospitales públicos de Alicante no garantizan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de que la ley vigente obliga a ofrecer el servicio en centros públicos y próximos al domicilio de la mujer. Exponen que en 2023 y 2024, solo 3 de cada 1.000 mujeres que querían abortar en un hospital público pudieron hacerlo. «El resto fueron derivadas de manera sistemática a clínicas privadas, lo cual contraviene explícitamente la ley».
Según la regidora Sara Llobell, “está habiendo casos de mujeres que se tienen que desplazar más de 170 km para poder interrumpir su embarazo. Incluso de mujeres que, en el tercer trimestre de embarazo, han tenido que abortar en una clínica privada en lugar de un hospital público”.
Llobell también ha denunciado el acoso ante clínicas que reciben las mujeres que quieren interrumpir el embarazo: “Los grupos ultra están atacando los derechos de las mujeres. La oficina que han instalado en la ciudad forma parte de una estrategia».
Por su parte, el eurodiputado Vicent Marzà, ha reclamado un mecanismo europeo para garantizar el acceso seguro y equitativo al aborto a toda la UE. “Queremos que el programa EU4Health sirva para reforzar la capacidad de los hospitales públicos. Queremos la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE evalúo el caso de Alicante y queremos poner fin a la financiación opaco de redes anti-derechos».
Compromís ha pedido, igualmente, que se revise el sistema de transparencia para que estas organizaciones tengan que declarar el origen de su financiación. La formación considera que este refuerzo del control es imprescindible ante un incremento de la actividad coordinada de grupos ultraconservadores que, según informes internacionales, han movilizado más de 700 millones de dólares en una década para erosionar derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a Europa.
