El portavoz de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, y una delegación de cargos parlamentarios valencianistas se han reunido este viernes, 8 de septiembre con el comité de empresa de Marina Salud en Dénia. En la reunión han analizado la situación en la que queda la reversión a la gestión pública del departamento sanitario privatizado, después de que el Consell anunciara que ha encargado una auditoría antes de tomar decisiones referentes a retomar la gestión pública del mismo.
La formación valencianista considera que el nuevo bipartito del Partito Popular y VOX está bloqueando el proceso de regresión de al sistema público.
Baldoví ha exigido al Consell que reclame a la empresa concesionaria liquidaciones pendientes por valor de 130 millones para continuar así con el proceso comenzado la legislatura pasada: “El Consell tiene que poner en funcionamiento todos los mecanismos necesarios para que Marina Salud pague los 130 millones que nos debe por las liquidaciones pendientes”.
El portavoz valencianista ha criticado además que PP y Vox se inventan la necesidad de hacer auditorías para reevaluar la reversión, cuando “ya tenemos bastantes informes que demuestran que la gestión pública de la sanidad es mejor, no necesitamos ninguna auditoría nueva. El PP continúa gastando dinero público para justificar que sus amigos (y familiares) de Ribera Salud continúan haciendo negocio a expensas de nuestra salud. Que se dejen de cuentos y anuncios de nuevos informes y auditorías”.
Asimismo, Baldoví ha señalado que “el gobierno del PP y Vox se queda a solas. Ni sindicatos, ni trabajadores, ni pacientes, ni sus mismos alcaldes están de acuerdo con la gestión privatizada. Una gestión pública que mejoraría las condiciones de los trabajadores ahora que tenemos un convenio marco consensuado con el personal revertido en Alzira, es más sencillo hacerlo con las trabajadoras y trabajadores de Dénia”, ha analizado el portavoz.
Posible vía judicial
Los valencianistas han recogido las demandas en una proposición no de ley registrada en Les Corts y que han presentado al comité de empresa. En la reunión, por parte de Compromís, han estado también el diputado portavoz de Sanidad, Carles Esteve; el diputado de la Marina Alta, Gerard Fullana; la secretaría general comarcal, María José García; y el portavoz municipal, Rafa Carrió,
Esteve ha destacado que la propia consellería de Sanidad hizo un informe económico favorable a la reversión, hecho público el pasado agosto. “Estamos estudiando una posible vía judicial en el supuesto de que el Consell del PP y VOX no respete la decisión anunciada de volver a la gestión pública directa”, ha señalado.
Por su parte, Fullana ha puesto de relieve que “Marina Salut ha incumplido muchas cláusulas del contrato de concesión, pero es especialmente comprobable que no han construido el centro de salud de Dénia ni han ampliado el de Calp. Estas infraestructuras aparecen como parte de las obligaciones contractuales de la UTE y no están”.
También por parte de los trabajadores, el pasado junio, se iniciaba una recogida de firmas para reclamar al nuevo Gobierno autonómico que siga adelante con la reversión. Una petición que lleva recogidas 5.900 firmas.
El fin del contrato con Ribera Salud se producirá a 31 de enero de 2024. Según lo anunciado por el exconseller de Sanidad Universal y Salud Pública del Gobierno del Botànic, en esa fecha el hospital debería regresar a la gestión pública.
Es el segundo hospital en el que vence el contrato en la provincia después del de Torrevieja. Previamente se produjo la reversión en Alzira y en plazos siguientes la mirada está puesta en los centros de Manises y Elche-Crevillent.
