El vicepresidente de la Generalitat, Vicente Barrera, se ha reunido este martes, 20 de febrero con 13 asociaciones de vecinos de barrios del norte de Alicante con quienes ha tratado cuestiones de seguridad y falta de inversiones. Durante un paseo posterior por el barrio de Juan XXIII, ha puesto el foco, en declaraciones a la prensa, en ·el “grave problema que todos estos barrios sufren en cuanto a la inmigración ilegal, en cuanto a la okupación de viviendas y otros muchos más problemas”, que ha relacionado con inseguridad. Ha avanzado que trasladará al president Mazón la necesidad de “que en la medida de nuestras posibilidades sea una acción prioritaria el poder invertir en todos estos barrios”.
Sobre las medidas que ha planteado el segundo dirigente autonómico explica que “se han propuesto primero soluciones de inversión“, aunque no se ha concretado por el momento ninguna acción. “Si das una vuelta por aquí, verás que el entorno está muy deteriorado en cuanto a suciedad, en cuanto a falta de inversiones y en cuanto a falta de comunicaciones, de transportes públicos, etcétera, etcétera”.
Así, las medidas aún por definir se encaminarían a paliar déficits como de infraestructuras, limpieza o seguridad. Según ha precisado en la reunión los colectivos vecinales han expuesto unas cifras de ocupación de viviendas “por encima o cercanas al 50%”, que el vicepresidente no ha podido corroborar a la prensa por no tener datos pero que en cualquier caso ha querido dejar patente que su política es de “tolerancia cero ante la ocupación ilegal”.
Respecto a la seguridad ciudadana, Barrera ha reclamado el aumento de efectivos policiales y medios a disposición de los mismo, tanto a nivel local como de las fuerzas de seguridad del estado.
Entre los vecinos asistentes, Francisco Camacho, presidente de la Junta de Distrito 2 y miembro de la asociación Juan XXIII quien ha tenido un negocio durante 37 años y se presenta como conocedor de su realidad. Considera que “lo primero que hay que hacer es un plan de choque con unas pequeñas inversiones, pero que se vea que hemos cortado que vamos para abajo y que ya hemos hecho un plan de choque y subimos”.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos Juan XXIII, Celia Campelo, ha relatado que el nivel de viviendas okupadas es alto y “hay portales que no hay ningún propietario, todos son okupas, enganches de luz, enganches de agua…” Añadido a esto comenta que “ahora tenemos mucha más ventas de droga y la gente no quiere ni salir”, “le da miedo salir hasta comprar”.
Con todo, para Maximiliano Escudero, mediador del programa de mediación gitana para la zona norte del Ayuntamiento de Alicante desde 2007, y que trabaja con centros juveniles y algunos colegios, “no son peligrosos los barrios“, y se trata más bien de cuestión de “fama”. Con 17 años de trabajo de campo, señala que puede conflictos puntuales entre familias pero no amenazas físicas.
El concejal de Seguridad de Alicante, Julio Calero, quien llegaba al final de la reunión, también ha defendido que el norte es “una de las zonas donde más se implementa todos los servicios del Ayuntamiento” y donde se trabaja “constantemente”.
“Con el servicio de policía de barrio estamos pendientes de que aquí la convivencia pueda continuar en unos niveles óptimos”, asegura y avanza efectuarán en próximas fechas “una serie de correcciones” en este servicio para aumentar su presencia.
Precisamente ha sido una de las quejas de los portavoces vecinales, como ha aseverado Francisco Camacho. “Podemos decir que cuando llama Celia a la policía o llama Paco Camacho a la policía nos atiende pero no nos vale eso solamente. Nos vale que llame el vecino de turno porque si a mí me hacen caso, pues súper agradecido, pero lo que quiero es que también a mi vecino que llama a las 12 de la noche porque tiene un escándalo en la calle la policía”.
