El pleno de les Corts ha aprobado por unanimidad la convalidación del Decreto Ley 13/2023, de 5 de diciembre, del Consell, por el que se regula la comunicación de información de carácter personal a la Generalitat por parte de las empresas comercializadoras para la gestión y pago del Bono Social Térmico y otras medidas relacionadas de carácter social.
La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha presentado ante les Corts este Decreto Ley que refleja “el compromiso inquebrantable de este Gobierno con la transición energética y la protección de los consumidores más vulnerables”, y que supone una adaptación de la normativa a los postulados constitucionales para poder “facilitar la gestión y pago del Bono Social Térmico y otras ventajas económicas sociales que están intrínsecamente vinculadas a la condición de beneficiario del Bono”.
La adopción de este Decreto Ley protege el principio de proporcionalidad respecto a los datos que la administración requiere a las empresas, al obligar a las empresas comercializadoras a proporcionar únicamente la cesión de información esencial para la gestión del pago del Bono, garantizando la seguridad jurídica tanto de estas empresas como de los datos personales de las personas beneficiadas.
“Se trata de una medida de extraordinaria y urgente necesidad con la que como sociedad nos comprometemos a garantizar que cada individuo, independientemente de su situación económica, pueda vivir con dignidad y bienestar”, ha asegurado Nuria Montes, “la protección de los colectivos más vulnerables es una responsabilidad compartida, necesaria para construir una sociedad más equitativa, justa e inclusiva”.
El Decreto Ley viene complementado con el Decreto del Consell por el que se articulan ayudas directas mediante el abono de un pago único a las personas que tenían la consideración de beneficiarias del Bono Social Térmico en el año 2020, por ser beneficiarias de ayudas del bono social de electricidad el día 31 de diciembre de 2019.
Esta medida está dotada con 9,2 millones de euros, se impulsará de oficio en todos los trámites y el IVACE realizará el pago directamente, sin que las familias tengan que realizar ningún trámite previo. “No hay que olvidar que el anterior Consell dejó en la estacada a 160.000 valencianos y que a día de hoy, tres años después, siguen a la espera de recibir la ayuda que les correspondía legalmente”, ha recordado la consellera Montes.
Un Decreto que “ayuda a los que más lo necesitan y que han venido reclamando organizaciones como la OCU e instituciones como el Síndic de Greuges que dos años después, en 2022, denunciaba que la Generalitat no había gestionado el Bono Social Térmico de 2020 ni había recibido fondos ministeriales para ello, a pesar de la existencia de subvenciones directas para este fin”, ha señalado la consellera Nuria Montes.
Para concluir, Nuria Montes ha asegurado que el apoyo del Consell con las personas que pasan por situaciones de vulnerabilidad no se va a limitar únicamente a la entrega de este tipo de ayudas, sino que se complementarán con “medidas que reduzcan la carga fiscal y la promoción activa de iniciativas que generen riqueza y empleo, de manera que las personas puedan ser cada vez más económicamente independientes y estas convocatorias sean cada vez menos necesarias porque haya menos ciudadanos que las necesiten”.
Bono Social Térmico
El Bono Social Térmico fue creado mediante el Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores y de las consumidoras, como parte de la política de lucha contra la pobreza energética e inspirado en los principios de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024.
El mencionado Bono está financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pero desde el 2020 es gestionado y pagado por las comunidades autónomas. En concreto, se arbitra a través de un programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en personas consumidoras vulnerables, en lo que respecta a energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina.
En la Comunitat Valenciana, la tramitación y pago de las ayudas correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022 fue llevado a cabo por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, que depende de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. El año que más expedientes se tramitaron fue el 2022, con más de 163.500.
Sin embargo, las ayudas correspondientes a 2020 no pudieron ser tramitadas, dada la litigiosidad producida en aquel ejercicio a raíz de la sentencia 134/2020, de 23 de septiembre de 2020, del Tribunal Constitucional, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Vasco en relación con varios preceptos del Real Decreto Ley 15/2018.
Dado el contexto y dimensión de la pobreza energética en la Comunitat Valenciana se han seguido las recomendaciones de la Sindicatura de Greuges y se ha considerado necesario aprobar esta norma para la percepción de la ayuda en el ejercicio 2020 con el objeto de contribuir a paliar la pobreza energética.
De ahí que se articulen ayudas directas mediante el abono de un pago único en concepto de Bono Social Térmico a las personas que tenían la consideración de beneficiarias en 2020 por ser beneficiarias de ayudas del bono social de electricidad a fecha 31 de diciembre de 2019.
