Las obras del Plan de Actuación Integral del Plan Parcial de Bellas Artes de Altea, en una zona que alberga a seis colonias felinas, han proseguido el pasado sábado y este lunes, 11 de diciembre, por la mañana después de que asociaciones animalistas dieran a conocer la resolución judicial que dictaba medidas cautelarísimas para paralizar la ejecución urbanística al objeto de preservar la integridad de los animales. Se trata de una medida “pionera”, de carácter provisional hasta resolver el futuro de los 70 gatos afectados, contra la que no cabe recurso.
El Ayuntamiento de Altea, señala en un comunicado, que no ha recibido la notificación de la medida cautelar, y añade que “desde hace semanas, con carácter previo al inicio de las obras, se han llevado a cabo las labores y gestiones necesarias para la reubicación de las colonias felinas existentes”.
Las asociaciones Bigatos y Somos Gos sostienen, sin embargo, que las obras han comenzado sin haber reubicado a los animales y sin haber habido consenso y diálogo. Además, con las excavadoras en marcha los gatos están “aterrorizados” y dificultaría esta labor. Raphaela Fischer, presidenta de Bigatos manifiesta que “las asociaciones venimos solicitando desde agosto soluciones para evitar justamente lo que está ocurriendo. Con la obra en marcha los gatos están aterrorizados. De este modo es imposible realizar reubicaciones, y por otra parte las nuevas ubicaciones ni están claras ni son accesibles ni están preparadas”.
Mariola Terrer, presidenta de Somos Gos, indica que “en el convenio – suscrito por ambas entidades con el Ayuntamiento-, una de las cosas que se apuntan como imprescindibles, es que cuando vaya a ver obras, cuando vaya a ver algún movimiento, cuando simplemente se vaya a actuar cerca o encima de las colonias, se nos avise. En este caso tenía que haberle avisado a la gestora del método CER” -Captura-Esterilización-Retorno- para gatos callejeros. Y especifica que es importante trabajar en conjunto de manera transversal las áreas de Urbanismo y Bienestar Animal con las alimentadoras, que son las que conocen a las colonias.
“Lo único que hemos pedido desde hace meses que llevamos con este tema es que se reubique en lugares donde los animales estén seguros y puedan tener un refugio en condiciones”. Sin embargo, explica que es un procedimiento complejo que requiere tiempo y además con la posibilidad de que los animales tiendan a volver a este entorno. “Hay que hacerlo poco a poco. Son las alimentadoras que los conocen, los que van trasladando el punto de alimentación y, además, en ese punto de alimentación ya debería estar todo preparado. Es decir, las casetas, si se van a poner casetas protegidas con jaulones para que los animales se sientan más seguros, para que luego además no haya vandalismo”.
Decisión judicial ‘sin precedentes’ en España
La decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Alicante no tiene precedentes, señalan desde las asociaciones. Ambas asociaciones denunciaron que la ejecución de las obras afectaba a colonias felinas censadas, sin que se hubiera llevado a cabo su reubicación, por lo que se encontraban en una situación de peligro inminente. Por esa razón solicitaron la suspensión inmediata de la ejecución de las obras, amparándose en el artículo 135 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El Juez, tras analizar la situación, determinó que concurrían “circunstancias de especial urgencia“. Con base en ello, dictaminó la suspensión de la ejecución de las obras en las zonas donde se emplazan estas colonias.
Para Eloi Sarrió, abogado de las asociaciones y experto en Derecho Animal, es importante resaltar que “aunque el binomio obras de construcción y colonias felinas desgraciadamente se repite una y otra vez, no existían hasta ahora antecedentes judiciales de paralización de obras con fundamento en la protección de las colonias felinas. Esta decisión marca un hito en la jurisprudencia española”. Por este motivo pide coordinación local entre las distintas áreas de los ayuntamientos. No solo por la concejalía con competencia en protección animal sino también en otras, como Urbanismo, Parques y Jardines, Seguridad Ciudadana, Sanidad, Servicios Sociales, Limpieza, Medio Ambiente, Fiestas, Turismo, Playas, etc”.
No obstante, el juez ha impuesto a las dos asociaciones sin ánimo de lucro unas costas de 20.000 euros en concepto de garantía, por lo que Terrer sostiene que “la justicia nos da la razón y al mismo tiempo nos amordaza”. Las entidades recuerdan que las colonias felinas son responsabilidad de los ayuntamientos y se encuentran protegidas tanto por el Código Penal como por la Ley estatal 7/2023 y por la Ley autonómica 2/2023.
