Como suele ser habitual en noviembre, vuelve a subir el paro en la provincia de Alicante y, como es habitual, supone el cuarto mes consecutivo de aumento del paro tras la campaña turística de verano.
Los datos de las provincias de Valencia y Castellón (que vuelven a recortar su paro registrado), nos señalan que “otra actividad productiva en Alicante es posible”.
Lo que sí es llamativo es la cantidad de personas que han perdido su empleo y se han dado de alta en las listas del LABORA (3.083) que es la cifra más alta desde 2011, en plena crisis financiera y económica. De hecho, en los últimos cuatro años, el paro ha venido subiendo en noviembre en una media de 1.841 personas. Este aumento muestra el desgaste del mercado productivo tras tantos meses de crisis por el coronavirus y con una actividad económica detenida para facilitar las medidas sanitarias contra la pandemia. Hay que planificar, no sólo el cambio de modelo productivo, además, hay que seguir tomando medidas para que el paro ligado al COVID-19 sea coyuntural y no se convierta en un nuevo lastre para un mercado laboral ya muy precario.
Hay que señalar que la evolución de la media mensual de afiliación a la Seguridad Social es, casi plana, registra un descenso de 358 afiliaciones, cifra inferior a la registrada en los noviembres de años anteriores. Este dato es coherente con el recurso de las empresas a sacar personas de los ERTE cuando les hace falta mano de obra. Sin embargo, el aumento importante del paro muestra que no todas las empresas están recurriendo a los ERTE, lo que nos hace pensar que se sigue recurriendo a contratos muy precarios, en los que la temporalidad, la corta duración y la rotación son la norma; síntomas claro de un mercado productivo en los que la economía sumergida campa a sus anchas.
Alicante sigue mostrando características de mercados productivo y laboral muy precarios que, de ninguna manera, podrán ser nunca la base para un sistema económico sostenible y coherente con los ODS. Estos datos señalan que el empleo de calidad es un déficit estructural y crónico en esta provincia, por lo que ninguna medida de protección de la actividad se debería tomar si no parte de criterios de protección de derechos laborales. El empleo digno, lejos de ser un problema para las empresas, es, en realidad, la solución a un sistema económico injusto y precario.
