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miércoles, febrero 4, 2026

Alicante deberá devolver más de 559.000 euros a la Generalitat por no justificar una subvención social

Esquerra Unida Podem denuncia que el Ayuntamiento solo ha acreditado 432.668 euros de los 966.250 concedidos para un programa de inserción social de 2023

El Ayuntamiento de Alicante deberá reintegrar 559.163,53 euros a la Generalitat Valenciana. Esto sucede tras no haber justificado correctamente una subvención destinada al Programa de Itinerarios de Inserción Social correspondiente a 2023.

De esa cantidad, 533.581,62 euros corresponden al importe no justificado y 25.581,91 euros a intereses de demora, derivados del proceso de reintegro, según ha informado el grupo municipal Esquerra Unida-Podem. En total, la subvención concedida ascendía a 966.250 euros. El consistorio solo ha podido justificar 432.668,38 euros.

Motivos del reintegro

Desde el grupo municipal Esquerra Unida Podem sostienen que esta devolución se produce en un contexto de “crisis de acceso a la vivienda” en la ciudad y de “sobrecarga de los servicios sociales municipales”. Además, según defienden, estos servicios atienden a miles de familias afectadas por la subida de los precios del alquiler y de la vivienda.

Desde el grupo municipal sostienen que esta situación se produce en un contexto de crisis de acceso a la vivienda en la ciudad y de sobrecarga de los servicios sociales municipales. Asimismo, según defienden, estos servicios atienden a miles de familias afectadas por la subida de los precios del alquiler y de la vivienda.

Críticas del grupo municipal

El portavoz del grupo municipal Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha señalado que “mientras la vivienda se convierte en un negocio y crecen los casos de exclusión, el gobierno municipal pierde y devuelve dinero destinado a proteger a la gente”.

Desde la formación municipal han reclamado explicaciones y responsabilidades políticas por la devolución de estos fondos. Además, según defienden, cada euro reintegrado supone una “oportunidad perdida” para reforzar las políticas públicas de atención social. También consideran que cada euro sirve para garantizar «el derecho a una vivienda digna y una vida con derechos en Alicante».