La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha afirmado este jueves que la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Playa de San Juan se realizó con normas aprobadas “en tiempos del Botànic” y ha deslizado que el PSPV y Compromís “quizás” se lleven “alguna sorpresa en las próximas horas”. La consellera ha defendido que el Consell está revisando los 140 expedientes de la promoción y que, allí donde se han detectado deficiencias, se ha concedido un plazo de diez días para aportar la documentación correspondiente.
Camarero ha realizado estas declaraciones tras visitar las obras de una nueva promoción de vivienda pública en el barrio valenciano de Malilla. Según ha indicado, la promoción de estas VPP se inició en 2018 y la calificación provisional se concedió en septiembre de 2023, “con las reglas y el decreto del Botànic”.
La consellera ha respondido así a la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que ha cifrado en “al menos” once las VPP de Playa de San Juan bajo “sospecha” por una supuesta adjudicación a cargos, asesores o funcionarios próximos al Partido Popular.
Respuesta a las acusaciones y revisión de expedientes
La vicepresidenta primera ha lamentado los “bulos” y “manipulaciones” que, según ha afirmado, se están difundiendo sobre el proceso. En ese contexto, ha planteado que “también habría que dejar en el aire y preguntarnos si no habrá algún funcionario o alguna persona próxima al Partido Socialista o a Compromís que también haya sido adjudicataria, es decir, que haya comprado alguna de estas viviendas”.
Camarero también ha negado que se aprobara “un decreto a medida” de personas vinculadas al PP y ha sostenido que, para acceder a estas viviendas, el límite era un salario máximo de 54.000 euros, “y no de 66.000 como se ha publicado”.
Medidas anunciadas y control interno
En su intervención, la consellera ha defendido que el PP “no tapa como hacían otros” posibles irregularidades y ha asegurado que el Gobierno valenciano actuó “de forma inmediata” ante las primeras anomalías detectadas. En esa línea, ha reiterado que el Consell mejorará los mecanismos de control para que “no vuelva a producirse esta situación”.
Sobre el papel de un funcionario en el foco de la controversia, Camarero ha insistido: “Ese funcionario fue puesto en la dirección territorial y promocionado en la dirección territorial por el Botànic. Tendrán ellos que determinar por qué lo promocionaron. Yo me lo encontré ahí”.
Antes de cerrar, la vicepresidenta primera ha vuelto a situar el debate en el terreno de la duda sobre posibles adjudicatarios de otras sensibilidades políticas: si el PSPV y Compromís “están convencidos de que no hay ningún funcionario o que no hay ninguna persona próxima a sus siglas que también haya comprado alguna vivienda”.
