El Ministerio de Vivienda constituirá un consejo técnico que recogerá los datos de demandantes de Viviendas de Protección Pública (VPP) de todas las autonomías «para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado en Alicante», según ha anunciado en el Congreso la ministra del ramo, Isabel Rodríguez.
Este anuncio se produce dos semanas después de que se destaparan supuestas irregularidades en la adjudicación de las 140 VPP en la Playa de San Juan, que ha provocado la dimisión de la concejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, al ser una de las beneficiarias, y de una directora general municipal, cuyos dos hijos y un sobrino también resultaron adjudicatarios.
Rodríguez, que ha comparecido en el Congreso por una interpelación del PP, ha asegurado que este organismo lo ha solicitado el consejo asesor de Vivienda y a través de él se pedirán a las administraciones públicas datos de registros de fianzas, de demandantes de VPP y de la situación del parque público en la autonomía.
Todo ello «para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado en Alicante, porque ante el mayor problema que tiene la ciudadanía, ustedes se repartan sus casas», ha espetado a los diputados populares.
«Absoluto rechazo»
Ha destacado que en los últimos días han trasladado su «absoluto rechazo» a la Generalitat valenciana y les han exigido mejoras en los procedimientos.
Asimismo, ha reclamado «transparencia para los valencianos, para que sepan qué ha ocurrido y cómo se van a adjudicar las próximas» promociones y ha criticado que esta situación se produce porque el expresident Carlos Mazón «derogó una normativa para prevenir el fraude para que estos chanchullos fueran posibles».
