El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha expresado su cabreo e indignación por las irregularidades detectadas en la adjudicación de viviendas públicas protegidas en la Playa de San Juan, en Alicante. Ha asegurado que se están adoptando medidas y que el proceso de revisión será exhaustivo. El objetivo es depurar responsabilidades y reforzar la confianza en la gestión de estas promociones.
‘Ver a algunos jetas utilizar una posición privilegiada para hacerse con viviendas que, supuestamente, no se podían adjudicar es algo que me indigna totalmente‘, ha señalado al ser preguntado por los medios durante un acto. Con estas palabras, ha subrayado que el acceso a las VPP debe regirse estrictamente por los requisitos fijados en la norma. Además, ha indicado que cualquier atajo desvirtúa la finalidad social de este tipo de viviendas.
Ha remarcado que, ‘desde el primer día‘, pidió revisar uno a uno los expedientes para comprobar el cumplimiento de los requisitos. Ha recordado que en esa primera revisión se detectó un caso. Al parecer, un funcionario encargado de revisar los visados habría exigido menos requisitos de los contemplados por la norma porque su mujer había resultado beneficiaria. Ese hallazgo activó de inmediato los mecanismos internos. Además, dio pie a actuaciones disciplinarias.
‘Fue apartado inmediatamente y suspendido de empleo y sueldo‘, ha indicado. Ha confirmado que el expediente de ese funcionario, ‘puesto por el Botànic’, se trasladó a la Fiscalía para su investigación. Además, ha recalcado que le da igual quién sea la persona implicada y que deberán responder ante la Justicia quienes no hayan actuado con diligencia y conforme a la ley. La remisión a la Fiscalía abre la vía penal. Mientras tanto, la revisión administrativa continúa para detectar otros posibles incumplimientos.
Revisión exhaustiva y responsabilidades
El president ha asegurado que la actuación de la Generalitat va a ser muy exhaustiva y que se van a exigir responsabilidades a todos aquellos sobre los que exista una sospecha fundada de actuación incorrecta. Además, ha insistido en que el objetivo es garantizar que las adjudicaciones se ajustan a la norma. Quien no la haya respetado afrontará las consecuencias que correspondan dentro de los procedimientos establecidos.
Preguntado por las peticiones de dimisión dirigidas a líderes del PP como el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha manifestado que en su partido ‘se asumen responsabilidades, siempre‘. Además, ha añadido que ya se tomaron con la DANA y ahora con el caso de las viviendas, tras la dimisión del concejal de Urbanismo, la directora general y el jefe de gabinete de la conselleria de Industria. Finalmente, ha presentado estas decisiones como una forma de facilitar las investigaciones y despejar cualquier interferencia en el proceso.
Sobre las críticas de la oposición, ha sostenido que ‘la oposición que me pide más responsabilidades es la que nunca cumple: Ni con la DANA, ni con el accidente ferroviario ni con los casos de corrupción que estamos viendo en los medios de comunicación‘; y ha remachado que ‘las piden para los demás, pero nunca las cumplen para ellos’. Con este contraste, ha enmarcado el debate en la pugna política por el relato sobre la gestión de la crisis de las VPP en Alicante.
