La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha incoado diligencias previas para investigar la adjudicación de viviendas de protección pública construidas en la Playa de San Juan, en el residencial Les Naus, tras recibir por turno de reparto la denuncia presentada por Manos Limpias.
La magistrada ha adoptado esta decisión después de que el escrito, registrado la pasada semana en el juzgado de guardia del Palacio de Justicia de Benalúa, fuese asignado a su órgano judicial. Con esta resolución, el procedimiento entra ya en fase de investigación judicial.
Además, la instructora ha ordenado recabar los procedimientos abiertos en la Fiscalía de Alicante en virtud de diversas denuncias formuladas ante esa institución para unificar en una sola causa todas las acciones legales relacionadas con los mismos hechos y darles la correspondiente tramitación procesal.
Denuncias previas ante la Fiscalía
Las denuncias elevadas al ministerio público proceden de Sumar, del grupo municipal del PSPV-PSOE, del propio equipo de gobierno del PP en Alicante y de la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana.
A raíz de esos escritos, la Fiscalía había abierto diligencias de investigación preliminar, que quedaron en manos de los fiscales Anticorrupción para su análisis.
Nueve personas investigadas en la denuncia
La denuncia presentada por Manos Limpias se dirige contra nueve personas, entre ellas una exconcejala de Urbanismo, una exdirectora general y otros empleados municipales.
En el escrito se atribuyen presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, extremos que deberán ser analizados ahora en sede judicial.
Las viviendas objeto de investigación fueron construidas sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento entre 2018 y 2022, en el marco de una promoción de vivienda protegida en la zona de la Playa de San Juan.
La incoación de diligencias previas sitúa el caso en una nueva fase procesal, a la espera de las actuaciones que acuerde la magistrada instructora.
