El gobierno municipal de Alicante ha decidido restringir el acceso a las viviendas de protección pública a sus concejales, cargos públicos y personal de confianza, con el objetivo de reforzar la transparencia y evitar cualquier sospecha en los procesos de adjudicación. La medida ha sido anunciada por el vicealcalde, Manuel Villar, y se concretará en los próximos días.
Según ha explicado Villar, la iniciativa no se limitará únicamente a la vivienda protegida, sino que el equipo de gobierno trabaja para extender esta restricción a otro tipo de ayudas municipales dirigidas al conjunto de la ciudadanía. El objetivo, según ha defendido, es dejar clara la postura del ejecutivo local en materia de control y ejemplaridad institucional.
“Estamos firmemente comprometidos con la transparencia y estamos reforzando los controles para que las ayudas lleguen a la ciudadanía sin ningún tipo de sospecha”, ha señalado el vicealcalde, quien ha insistido en que la medida pretende blindar los procesos públicos frente a posibles conflictos de interés.
Una medida inédita en el Ayuntamiento de Alicante
El edil ha subrayado que se trata de una decisión “ambiciosa” y sin precedentes en el consistorio alicantino. En este sentido, ha asegurado que ningún ejecutivo municipal anterior adoptó una iniciativa de este alcance en materia de vivienda pública.
Villar ha añadido que la prohibición afectará a los cargos públicos y asesores con independencia de que cumplan o no los requisitos establecidos para acceder a una vivienda protegida. “Los cargos públicos, así como los asesores, reúnan o no los requisitos para acceder a una vivienda protegida, no podrán aspirar a la misma”, ha recalcado.
Llamamiento al resto de grupos municipales
El vicealcalde ha aprovechado su intervención para invitar al resto de formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento de Alicante a sumarse a esta iniciativa, con el fin de reforzar la confianza ciudadana en la gestión de los recursos públicos y en las políticas municipales de vivienda.
Desde el equipo de gobierno insisten en que la medida responde a una voluntad clara de marcar un estándar más exigente de transparencia, especialmente en un ámbito sensible como el acceso a la vivienda protegida.
