La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ya ha recibido las denuncias presentadas por la Conselleria de Vivienda, el Ayuntamiento de Alicante y los partidos PSPV-PSOE y Sumar por las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la Playa de San Juan, y en estos momentos se encuentran en fase de análisis para determinar el curso de las actuaciones.
Los dos fiscales Anticorrupción encargados del caso tienen sobre la mesa los escritos remitidos por estas instituciones y formaciones políticas y, en las próximas fechas, decidirán si procede la apertura de diligencias o su traslado a la vía judicial.
De forma paralela, el sindicato Manos Limpias presentaba en la tarde ayer, jueves, una denuncia penal ante los juzgados de Alicante por estos mismos hechos, dirigida contra cargos políticos, exresponsables administrativos, técnicos municipales y responsables de la cooperativa promotora del residencial Les Naus.
El caso afecta a parte de las 140 viviendas VPP del citado residencial, situado en La Condomina, una de las zonas más cotizadas de la Playa de San Juan, y ha provocado una grave crisis política e institucional tras conocerse la identidad de varios de los adjudicatarios.
Entre ellos figura la hasta ahora concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, que presentó su dimisión tras confirmarse que había resultado beneficiaria de una de las viviendas protegidas. También constan como adjudicatarios dos hijos y un sobrino de María Pérez-Hickman, quien ocupaba el cargo de directora general municipal de Organización Interna y que igualmente ha dimitido.
El tercer cargo político que ha dejado su puesto en relación con este caso es Miguel Ángel Sánchez, que hasta este jueves ejercía como jefe de gabinete en la Conselleria de Innovación, y que anteriormente había trabajado como asesor en el Ayuntamiento de Alicante.
Ante la dimensión del escándalo, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha pedido públicamente disculpas y ha asegurado que el Ayuntamiento ejercerá el derecho de tanteo y retracto sobre aquellas viviendas que se hayan podido adquirir de forma ilegítima, al apreciar un posible fraude de ley.
La sucesión de denuncias y dimisiones ha derivado además en la creación de comisiones de investigación tanto en el Ayuntamiento de Alicante, aprobada por unanimidad del pleno, como en Les Corts Valencianes, con el objetivo de esclarecer las responsabilidades políticas y administrativas derivadas del proceso de adjudicación de las viviendas protegidas.
