Un informe interno del Servicio de Gestión Patrimonial del Ayuntamiento de Alicante puso en alerta al Consistorio sobre posibles “conflictos de interés” en la adjudicación de viviendas de protección pública en La Condomina, en la Playa de San Juan, en relación con empleados y cargos municipales que pudieron haber participado en el expediente.
Estas advertencias se recogen en la denuncia presentada este martes ante la Fiscalía Provincial de Alicante, en la que el Ayuntamiento solicita que se investigue si el procedimiento de adjudicación ha podido ser constitutivo de infracción penal y, en su caso, se depuren responsabilidades. Según precisa EFE, el escrito expone que, una vez concluida la construcción de la promoción Les Naus y estando próximo el cierre del expediente, la cooperativa remitió al Ayuntamiento un listado de las viviendas entregadas, junto con la identificación de los beneficiarios y la acreditación del cumplimiento de los requisitos legales.
Al analizar esa documentación, el Servicio de Gestión Patrimonial constató que entre los adjudicatarios figuraban personas con relaciones de parentesco u otros vínculos con empleados o cargos municipales que pudieron intervenir en distintas fases del procedimiento. Aunque todos cumplían formalmente los requisitos, el informe señala que esa situación “levantó señales de alerta por posible conflicto de interés y eventuales incumplimientos del deber de abstención” de empleados o autoridades públicas implicadas.
El documento interno recordó el deber legal de abstención en los casos en los que exista interés personal en un asunto de competencia de empleados o cargos públicos y advirtió, además, del posible incumplimiento de las condiciones de acceso por la mera condición, nivel y categoría laboral de algunos adjudicatarios, que harían “previsiblemente imposible” cumplir con los requisitos de capacidad económica exigibles para una vivienda social.
El informe incluyó de forma expresa que, al menos, un arquitecto municipal adjudicatario “participó activamente” en el asesoramiento y seguimiento del contrato con la cooperativa “sin que conste que hubiera puesto de manifiesto su interés personal ni se hubiera abstenido, incumpliendo presuntamente” la normativa vigente, en referencia a la Ley 40/2015. A juicio del Servicio de Gestión Patrimonial, esta situación podía derivar en responsabilidades para las personas implicadas y “afectar a la imagen” del Ayuntamiento.
A la vista de estas conclusiones, el alcalde, Luis Barcala, solicitó el 29 de enero -el mismo día que la prensa publicó el suceso- la apertura de un expediente de averiguación de hechos, que identificó tres casos concretos de personas relacionadas directamente con el Ayuntamiento como adjudicatarias: la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, que ha dimitido; la exdirectora general María Pérez-Hickman, también dimitida al figurar como beneficiarios sus dos hijos y un sobrino; y un arquitecto municipal, Francisco Nieto.
Pese a que ese expediente concluyó que ninguno de los tres intervino en los actos nucleares del procedimiento, como la mesa de contratación, las resoluciones de adjudicación o la concesión de licencias, el Ayuntamiento considera que persisten “incógnitas y aspectos fácticos no esclarecidos” en la investigación interna.
En este sentido, la denuncia advierte de la “posibilidad de que pudieran haberse dado intervenciones materiales o influencias funcionales no documentadas oficialmente” que “pudieran haber favorecido directa o indirectamente la adjudicación de las viviendas a su favor o de sus allegados”, sin descartarse que se hubiera podido aprovechar “la posición o información privilegiada de los empleados municipales vinculados” a su cargo.
Por todo ello, el Ayuntamiento ha trasladado los hechos a la Fiscalía con el objetivo de que, “sin señalar a priori responsables concretos”, se evalúe su posible relevancia penal.
