El Grupo Municipal Socialista ha registrado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción tras apreciar la posible comisión de hasta cinco presuntos delitos relacionados con la construcción y adjudicación de viviendas públicas en una parcela municipal de Alicante. Según defienden desde el PSOE, los hechos se habrían producido durante el mandato del alcalde Luis Barcala y afectarían de lleno a la gestión del actual gobierno local.
La denuncia ha sido registrada por la portavoz socialista, Ana Barceló, después de que el grupo detectara adjudicaciones de vivienda protegida a una concejala de Urbanismo, a familiares de una directora general nombrada por el alcalde y a un arquitecto municipal, en el marco de una promoción levantada sobre suelo público.
Posible vulneración del derecho de acceso a la vivienda
Desde el Grupo Socialista sostienen que la actuación del gobierno local podría haber vulnerado un derecho básico. En palabras de Barceló, “el gobierno de Barcala podría haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda, que debe responder al interés general. Por eso, hemos pedido a la Fiscalía que investigue lo que ha ocurrido con la adjudicación de pisos construidos en una parcela municipal”.
La portavoz municipal ha enmarcado la denuncia en la situación actual del mercado residencial en la ciudad y ha subrayado que en Alicante existen más de 5.400 familias en lista de espera para acceder a una vivienda pública. Según ha explicado, “cuando hablamos de suelo público y vivienda protegida hablamos del interés general, y cuando ese derecho se puede haber visto vulnerado, acudimos a Fiscalía”.
Cinco presuntos delitos bajo investigación
El escrito presentado ante la Fiscalía Anticorrupción apunta a la posible existencia de presuntos delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, estafa, fraude a la Administración y fraude de ley con relevancia penal, todos ellos vinculados a la gestión de esta promoción de vivienda pública.
Desde el PSOE consideran especialmente grave que una iniciativa destinada a facilitar el acceso a la vivienda a personas con mayores dificultades económicas haya podido acabar beneficiando a cargos públicos o personas vinculadas al Partido Popular. En este sentido, Barceló ha señalado que “la ciudadanía tiene derecho a saber qué ha pasado y por qué”.
Exigencia de explicaciones políticas
Además de la vía judicial, el Grupo Socialista mantiene su presión política sobre el equipo de gobierno. Barceló ha reiterado la exigencia de que el alcalde ofrezca explicaciones públicas, convoque un pleno extraordinario y active una comisión de investigación para esclarecer los hechos.
Desde el PSOE sostienen que la gestión municipal no actuó con la transparencia exigible ni estableció los controles necesarios en una materia “tan sensible como la vivienda protegida sobre suelo municipal”. En este contexto, consideran que la dimisión de la concejala de Urbanismo y de la directora general implicada “no es suficiente” y, a su juicio, confirma la existencia de “un problema político grave” que va más allá de la polémica mediática y que debe derivar en la depuración de responsabilidades.
