Compromís ha registrado este lunes en Les Corts Valencianes la petición de crear una comisión de investigación sobre la adjudicación de viviendas de protección oficial en la ciudad de Alicante durante la presente legislatura. La iniciativa apunta a esclarecer cómo han acabado algunos pisos en manos de personas con carné del PP o vinculadas al partido, y a revisar si los criterios aplicados se han ajustado al objetivo social de este parque público.
Señalamientos al Plan Vive
El síndic Joan Baldoví ha sostenido que el Plan Vive de la Generalitat, diseñado para impulsar vivienda protegida, se ha convertido en lo que definió como ‘el plan vividores‘. A su juicio, reproduce un modus operandi del Partido Popular orientado a beneficiar a los suyos.
Baldoví ha defendido que el PP se ha caracterizado por aprovecharse de la política en beneficio propio y ha reclamado que una comisión parlamentaria aclare qué ha pasado con las VPO adjudicadas en Alicante a miembros, cargos y personas muy relacionadas con ese partido. La formación quiere que se conozca quién decidió, con qué baremos y qué controles se aplicaron en cada expediente.
La portavoz de vivienda de Compromís, María José Calabuig, ha señalado que lo ocurrido en Alicante no es un caso aislado ni anecdótico. En su opinión, evidencia una estrategia del PP en materia de vivienda que deja de lado a familias con rentas bajas para favorecer a quienes tienen ingresos altos y relación con el partido.
Calabuig ha indicado que, con el Plan Vive, los populares ya modificaron la normativa de acceso a la vivienda pública, hasta el punto de que ahora personas con ‘sueldazos de casi 70.000 euros‘ pueden optar a pisos protegidos. Según ha remarcado, en Alicante se ha visto ese contraste: mientras hay familias que no llegan a fin de mes, cargos del PP ‘se están repartiendo‘ viviendas protegidas. Para Compromís, este cuadro erosiona la confianza en las políticas públicas y desplaza a los destinatarios prioritarios de la VPO.
Con la comisión de investigación, Compromís busca que se revisen expedientes, baremos, listas de espera y la transparencia de las convocatorias, así como que se escuche a responsables políticos y técnicos. El objetivo declarado es determinar si ha habido favoritismos, depurar responsabilidades y corregir las reglas para evitar que se repitan situaciones similares.
Más allá del caso concreto, el debate que abre la petición remite al alcance del Plan Vive y a a quién debe dirigirse la vivienda protegida en una coyuntura de acceso difícil. La iniciativa de Compromís pretende centrar esa discusión en Les Corts y forzar un pronunciamiento sobre los límites de ingresos y la supervisión de las adjudicaciones.
