El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado inicialmente la modificación de la Ordenanza de Ocupación Temporal de la Vía Pública, una reforma que amplía la temporada de verano de los veladores y modifica la regulación relativa a los puntos violetas, dos cambios que han centrado el enfrentamiento político entre el equipo de gobierno y los grupos de la izquierda durante la sesión.
La modificación ha salido adelante con los votos favorables de PP y Vox y el rechazo de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem. El nuevo texto fija la temporada alta de instalación de terrazas del 1 de mayo al 1 de noviembre, mientras que la temporada baja queda establecida del 2 de noviembre al 30 de abril, manteniéndose los horarios ya aprobados con anterioridad.
La concejala de Ocupación de la Vía Pública, Cristina Cutanda, ha defendido que este periodo “potenciará la actividad hostelera, como sector estratégico, al tiempo que favorece el atractivo turístico de Alicante”, subrayando que se hace “sin alterar el horario de descanso para los vecinos fijado en la ordenanza anterior”.
Desde la oposición, los grupos de la izquierda han cuestionado la ampliación de la temporada estival, al considerar que rompe el equilibrio entre actividad económica y convivencia vecinal y responde a acuerdos políticos que, a su juicio, priorizan los intereses hosteleros frente a las quejas de los barrios más afectados por la ocupación del espacio público.
Cambios en puntos violeta y atención a víctimas
Uno de los debates más tensos del Pleno se ha producido en torno a la modificación del artículo relativo a la colocación de puntos violetas, donde la nueva redacción introduce la referencia a “puestos de atención a víctimas de delitos”. Los grupos de la izquierda han acusado al gobierno municipal de “eliminar” los puntos violetas y de diluir la violencia machista al integrar esta atención en un marco más genérico.
Desde Esquerra Unida Podem, su portavoz ha defendido que los puntos violetas “no son solo un recurso de atención, sino que tienen un valor simbólico, preventivo e informativo”, mientras que PSOE y Compromís han advertido de que el cambio desnaturaliza una herramienta específica frente a la violencia de género.
La concejala Cristina Cutanda ha rechazado estas acusaciones y ha asegurado que la modificación “no va en detrimento de la atención específica que ya está prevista con los puntos violeta actualmente”, explicando que el objetivo es “ofrecer una atención más amplia a la ciudadanía”.
Mercadillo de Teulada y comercio del Casco Antiguo
La modificación de la ordenanza incluye también cambios en materia comercial, enmarcados en los acuerdos alcanzados entre el equipo de gobierno y el grupo municipal Vox. Entre ellos, se recoge la posibilidad de ampliar los puestos del mercadillo de Teulada y de que estos puedan establecerse en dos mercadillos, así como una revisión del número y características de los puestos en los mercados de abastecimiento y de la venta aislada en determinadas zonas.
Asimismo, el nuevo texto permite en el Casco Antiguo la exposición y venta de productos en fachada, con un máximo de 50 centímetros, una medida que, según Cutanda, busca “poner en valor y promover el comercio artesano en este espacio singular”.
La concejala ha señalado que estas actuaciones se abordarán “de manera consensuada” desde la concejalía de Comercio y Mercados, con el objetivo de favorecer la actividad mercantil y atender las necesidades de los comerciantes.
El Ayuntamiento asume las sanciones a pisos turísticos
En la misma sesión, el Pleno ha aprobado la adhesión al convenio que permitirá al Ayuntamiento de Alicante incoar, tramitar y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves en materia de viviendas de uso turístico. El acuerdo ha contado con el apoyo de PP, Vox y PSOE, con la abstención de Compromís y Esquerra Unida Podem.
El vicealcalde, Manuel Villar, ha explicado que “la implantación masiva de las viviendas turísticas ha hecho que este fenómeno se convierta en prioritario”, defendiendo el “imprescindible protagonismo de los ayuntamientos en la inspección y en el ejercicio de la potestad sancionadora”. Villar ha destacado que el convenio permitirá compartir medios entre administraciones y actuar con mayor eficacia.
Los informes municipales prevén un incremento del 20 % en la carga de trabajo del departamento correspondiente y un impacto estimado de 8,8 millones de euros en ingresos en cinco años, sin incremento del gasto en personal. Desde la oposición se ha respaldado la necesidad de actuar, aunque se ha advertido de la presión añadida sobre los servicios municipales.
Denuncia por el mantenimiento de los colegios públicos
En el turno de ruegos y preguntas, el concejal socialista Emilio Ruíz ha denunciado la situación del mantenimiento de los colegios públicos, alertando de que los centros llevan “cinco meses sin mantenimiento” tras la finalización del contrato municipal.
Durante su intervención, Ruíz ha detallado incidencias concretas registradas en distintos centros educativos, asegurando que “hasta nueve aseos en un colegio hoy tienen cerrados” y denunciando situaciones que, a su juicio, afectan directamente a la seguridad del alumnado. Entre ellas, ha citado “una valla en un patio de 2 años atada con plásticos”, así como problemas recurrentes que obligan a cerrar espacios y a reorganizar el funcionamiento diario de los centros.
El edil socialista ha acusado al equipo de gobierno de abandono y de falta de planificación, subrayando que la ausencia de un contrato en vigor ha provocado que las incidencias se acumulen durante meses sin una solución estructural.
A estas críticas ha respondido la concejala de Infraestructuras y Mantenimiento, Cristina García, que ha rechazado de plano las acusaciones y ha cargado contra lo que ha calificado de “demagogia política” por parte del PSOE. García ha afirmado que “lo que es vergonzoso es que la ciudad de Alicante no reciba ni un solo euro por parte del gobierno al que usted representa para poder hacer las inversiones que requiere la ciudad”.
La edil ha defendido que el mantenimiento de los centros escolares no depende de un único contrato, explicando que “hablamos del contrato de edificaciones, pero en un centro escolar donde se hace el mantenimiento hay muchos otros contratos que están en servicio y actualmente en vigor”. En este sentido, ha asegurado que “todos los contratos que hay actualmente, no solo el de edificaciones, están funcionando” y que “se atienden todas las incidencias que entran en los centros”.
Cristina García ha negado que exista una situación generalizada de falta de mantenimiento y ha subrayado que “no hay ningún solo centro que se tenga que clausurar porque no tenga un funcionamiento debido a que no se mantienen”, añadiendo que las actuaciones se realizan “en el momento que surgen” con personal de la Concejalía de Infraestructuras.
La concejala ha reprochado además al PSOE que ponga en duda el trabajo de los técnicos municipales y de los directores de los centros, y ha advertido de que “no haga demagogia con ese tipo de contratos”. También ha criticado que se utilicen ejemplos que no son competencia municipal, señalando que “no salga hoy con una noticia en prensa diciendo que no se mantiene el Instituto del Cabo Huertas cuando aquí no nos corresponde el mantenimiento de un instituto”.
La proliferación de ratas centra las críticas de Vox
El grupo municipal Vox ha preguntado en el Pleno por las medidas que está adoptando el equipo de gobierno ante la proliferación de ratas en distintas zonas de la ciudad. Su portavoz ha señalado que en las últimas semanas se han registrado quejas vecinales reiteradas por la presencia de roedores en parques infantiles, plazas céntricas, espacios culturales como el Teatro Principal y barrios de la zona norte, una situación que, a su juicio, “supone un riesgo evidente para la salubridad pública”.
Durante su intervención, Vox ha rechazado que se responsabilice a la hostelería de este problema y ha apuntado a otros factores como contenedores desbordados, deficiencias en la limpieza viaria, parques en mal estado y una gestión ineficaz de los residuos, además de la alimentación de colonias felinas y los efectos de determinados tratamientos de desratización. El grupo ha reclamado reforzar las actuaciones, advirtiendo de que se trata de “un problema real que nos afecta a todos”.
A la pregunta ha respondido la concejala de Sanidad, Cristina Cutanda, que ha asegurado que el Ayuntamiento está trabajando en esta problemática y ha negado haber señalado a la hostelería como responsable. Según ha explicado, “el trabajo tiene que ser conjunto por parte del Ayuntamiento y de la ciudadanía”, insistiendo en la necesidad de extremar la limpieza en todos los espacios donde pueda haber residuos de comida, incluidos los entornos con veladores.
Cutanda ha detallado que la empresa adjudicataria del servicio de control de plagas realiza tratamientos mensuales en puntos concretos de la ciudad y cuatro actuaciones anuales en toda la red de alcantarillado, además de mantener dispositivos de control en zonas específicas. Asimismo, ha indicado que las incidencias comunicadas por la ciudadanía se atienden en un plazo de 24 horas y se revisan nuevamente al día siguiente. La edil ha asegurado que el Ayuntamiento “seguirá trabajando por mejorar la salubridad pública con las medidas que sean necesarias”.
El horario del tanatorio “La Siempreviva”, sin cambios
El Pleno también ha abordado el cumplimiento del acuerdo plenario relativo al horario del tanatorio “La Siempreviva”, a raíz de una pregunta formulada por Vox. El grupo ha recordado que en abril de 2024 se aprobó una declaración institucional para que el Ayuntamiento mediara con la empresa concesionaria con el fin de permitir el velatorio durante 24 horas a las familias que así lo solicitaran.
Vox ha señalado que, pese al compromiso expresado entonces, “seguimos con los mismos horarios de la pandemia” y ha defendido que se trata de “un problema real que hay en la sociedad”, que afecta a personas que desean velar a sus difuntos durante 24 horas por motivos culturales y personales. El grupo ha subrayado que esta situación tiene un impacto emocional y psicológico en las familias y ha pedido conocer en qué punto se encuentran las conversaciones con la empresa funeraria.
La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha respondido que el acuerdo del Pleno fue trasladado al área correspondiente y que el Ayuntamiento se ha reunido con la empresa, recordando que el tanatorio es una entidad privada sobre la que el consistorio no tiene capacidad para imponer horarios. García ha señalado que “no tenemos competencia para obligarles a que tomen una decisión sobre sus propios horarios”, y ha insistido en que el Ayuntamiento no puede ir más allá de la mediación.
La edil ha reconocido que conoce las situaciones expuestas, pero ha reiterado que las reclamaciones deben dirigirse directamente a la empresa, ya que “no podemos hacer nada más” desde el ámbito municipal. En este sentido, ha recalcado que ni el Ayuntamiento ni el alcalde pueden forzar un cambio de horarios en un servicio de gestión privada.
