El Sindicat de Vivenda de Carolines y el Sindicat de Vivenda de Zona Nord han convocado este miércoles una concentración para protestar contra la suspensión de la moratoria de desahucios y de cortes de suministros a familias vulnerables. Además, la decisión aprobada por el Congreso, según denuncian los colectivos convocantes, deja a 60.000 familias vulnerables sin protección inmediata frente a la pérdida de su vivienda.
La protesta está convocada a las 18.30 horas y tiene como objetivo exigir la restauración y ampliación de la moratoria antidesahucios. También se reclama la prohibición de los cortes de suministros básicos a personas en situación de vulnerabilidad. Desde las entidades organizadoras advierten de que el fin de estas medidas supone un punto de inflexión en un contexto ya marcado por el encarecimiento del alquiler y la falta de alternativas habitacionales.
Según explican, la suspensión de la moratoria permite que decenas de miles de familias vulnerables puedan ser desahuciadas sin que exista una solución residencial garantizada. Esta situación, a su juicio, agravará fenómenos como el sinhogarismo o la expulsión de residentes de sus barrios habituales.
Un contexto de desahucios diarios en la ciudad
Los convocantes alertan de que en Alicante se producen entre tres y cuatro desahucios al día, una cifra que podría incrementarse de forma significativa tras el decaimiento del decreto de protección. Además, a este escenario se suma la previsión de que en los próximos meses caduquen cientos de miles de contratos de alquiler firmados durante la pandemia. Este hecho, según señalan, presionará aún más a los inquilinos mediante subidas de precios o condiciones abusivas.
Desde los colectivos de vivienda insisten en que muchas familias se ven obligadas a priorizar el pago del alquiler frente a gastos básicos como alimentación o ropa. Por otro lado, advierten de que la falta de medidas estructurales está profundizando una crisis habitacional de alcance estatal.
El desahucio de una pareja mayor en Sant Joan
La convocatoria coincide con la denuncia pública de un desahucio inminente en Sant Joan d’Alacant que afecta a una pareja de 76 y 81 años, ambos con demencia diagnosticada y con asistencia médica diaria a domicilio. Además, la pareja se enfrenta a la pérdida de su vivienda tras más de una década residiendo en ella.
Según relatan sus familiares, el procedimiento se inicia tras el fallecimiento del anterior propietario del inmueble y la negativa del heredero a negociar una solución que permitiera la permanencia de la pareja. Cabe señalar que el proceso judicial ha continuado pese a la situación de vulnerabilidad acreditada y sin que exista, a día de hoy, una alternativa habitacional adaptada a sus necesidades sanitarias, según denuncian desde Sindicat de Vivenda Carolines.
Las hijas de los afectados han solicitado apoyo institucional, pero aseguran que no pueden asumir el cuidado de sus padres en condiciones dignas debido a sus propias situaciones de precariedad residencial. Una comparte piso y la otra reside con su marido y su hija en un estudio de 20 m2. Por tanto, esto sitúa a la familia ante un escenario de extrema fragilidad social.
Reivindicación del derecho a la vivienda
Desde los colectivos convocantes sostienen que estos casos no son aislados y denuncian un aumento de los desalojos impulsados por grandes propietarios y fondos de inversión. En este sentido, reclaman medidas estructurales como la renovación automática de los contratos de alquiler, la ampliación de la moratoria y la garantía efectiva del derecho a una vivienda digna.
La concentración de este miércoles se plantea, según explican, como una respuesta urgente ante lo que consideran una desprotección institucional de las personas más vulnerables. También la consideran una reacción ante un modelo de vivienda que prioriza el beneficio económico frente a la función social del hogar.
