Vecinos del bloque 8 del barrio de San Antón, desalojado hace meses por riesgo estructural, han acudido este viernes al pleno de presupuestos del ayuntamiento para visibilizar su situación y exigir una salida. Denuncian falta de información, la imposibilidad de entrar a recoger enseres y una gestión desigual en la adjudicación de viviendas alternativas. El edificio permanece tapiado. Además, la prohibición de acceso mantiene dentro pertenencias que consideran esenciales. Esto alarga la incertidumbre y agrava el desgaste económico y emocional de las familias.
Saqueos, oscuridad y sensación de desamparo
Los residentes aseguran que, pese al tapiado, se han producido saqueos reiterados por accesos nocturnos. Mientras tanto, ellos no pueden entrar. ‘La Policía viene de pasada y los vecinos colindantes nos avisan si se produce algún robo. Nosotros hacemos guardia por las noches y alertamos si vemos algo extraño’, han manifestado. También critican que la Policía Local no acceda al inmueble sin orden judicial. Recuerdan que el desalojo se ejecutó en un día con una orden simple.
Los afectados sostienen que el entorno ha empeorado. Apuntan a la retirada de alumbrado y las calles a oscuras. Esto incrementa la sensación de inseguridad y abandono. ‘Nos han quitado el alumbrado de medio barrio y por la noche estamos completamente a oscuras. San Antón se está viniendo abajo, da pena verlo’, ha dicho una vecina. Ella reclama una vía de comunicación estable con el consistorio mediante ventanilla única o un teléfono específico, con apoyo de trabajadores sociales y psicólogos.
También cuestionan la igualdad de trato en las soluciones habitacionales. Según explican, hay casos de personas que no residían en el bloque en el momento del desalojo y han recibido vivienda. Mientras tanto, afectados directos siguen esperando. Piden transparencia en los informes técnicos y criterios claros para las adjudicaciones. Para presionar una respuesta, aseguran que están recogiendo casi 1.200 firmas que prevén registrar al finalizar la sesión. ‘Hemos tenido que venir hasta aquí para ver si el alcalde, Pablo Ruz (PP), nos da pie a que podamos sacar nuestras pertenencias del bloque 8. Queremos hacerlo íntegra e inmediatamente. Después de ocho meses, creemos que ha habido tiempo suficiente para barajar opciones que nos permitan recuperar nuestras cosas’, ha dicho Paqui López Pastor.
En la calle desde el día del desalojo
El testimonio de propietarios con décadas en la comunidad resume el impacto de esta situación. ‘Estoy en la calle desde el día del desalojo. Me dicen que tendré derecho a una vivienda cuando se construya dentro de tres años. Pero ahora no me dan ninguna solución. Vivo donde puedo, en casas de amigos o familiares, y mis cosas siguen dentro del bloque’, ha expuesto José Antonio Lela. Su relato refleja la precariedad que describen otros vecinos. Ellos dependen de redes de apoyo, pasan noches en vela y viven una vida suspendida a la espera de una resolución.
Los asistentes insisten en que su presencia en el pleno busca compromisos concretos. Estos incluyen poder recuperar sus pertenencias, recibir atención social adecuada, acceso a los informes técnicos y soluciones de vivienda inmediatas. Advierten que mantendrán las movilizaciones si no hay respuesta. Aprovechan el debate presupuestario para exigir que se prioricen recursos. Estos recursos deberían aliviar una emergencia que, según recalcan, se prolonga desde hace meses.
