La Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía han enviado a la Vicepresidencia Tercera del Gobierno y al Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Sara Aagesen, una carta acompañada de un informe para avalar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura. Las tres administraciones sostienen que la modificación a la baja de las normas de explotación del acueducto podría comprometer el suministro humano, la actividad agrícola y el desarrollo socioeconómico del sureste.
La misiva está firmada por los consejeros de Agua de la Comunitat Valenciana (Miguel Barrachina), Murcia (Sara Rubira) y Andalucía (Ramón Fernández-Pacheco), junto con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. En representación de los regantes y de unos territorios con dependencia estructural del trasvase, subrayan que las propuestas de aminoración de caudales ‘han generado una profunda preocupación’. También destacan que las tres regiones aportan un valor agrario muy elevado, equivalente al 42,5 % de la producción nacional, y que 4,2 millones de ciudadanos dependen directa e indirectamente del agua trasvasada para mantener su calidad de vida y su empleo.
Impacto en agricultura y abastecimiento
Según exponen, una reducción estructural de los caudales trasvasables tendría efectos inmediatos sobre la sostenibilidad del regadío, el abastecimiento urbano y la economía de Alicante, Murcia y Almería, además de incidir en el equilibrio territorial y la cohesión social. El agua transferida sostiene cadenas de valor que van más allá del campo, desde la industria agroalimentaria hasta el empleo ligado a la distribución y los servicios, por lo que cualquier recorte generaría tensiones en todo el tejido productivo del Levante.
Los firmantes explican que han elaborado un análisis técnico de la situación y lo remiten para su estudio: ‘Por este motivo, hemos elaborado un informe riguroso que analiza la situación actual del trasvase y que le hacemos llegar junto con esta carta’ para, ‘desde la lealtad institucional y el respeto al marco legal vigente, solicitar que sea estudiado con detenimiento y que se abra un espacio de diálogo técnico y político que permita alcanzar soluciones adecuadas para todos’. Junto al informe administrativo, adjuntan un estudio de los regantes que cuantifica los efectos socioeconómicos del trasvase, contemplando las actividades vinculadas al agua transferida con destino a regadío en 2024.
En el plano de las medidas, los consejeros reclaman: ‘Sería imprescindible que se dejaran sin efecto los incrementos de los caudales ecológicos previstos, que se paralizara la revisión de las reglas de explotación, que se agilice la ejecución de las obras contempladas en el programa de medidas y que se impulse un gran pacto nacional por el agua‘, al tiempo que expresan su confianza en la sensibilidad de la vicepresidenta tercera ‘hacia la realidad del Levante español y en su compromiso con una gestión del agua basada en criterios de equidad, eficiencia, justicia y sostenibilidad‘.
Barrachina, Rubira, Fernández-Pacheco y el regante Jiménez solicitan, además, una reunión para abordar estas cuestiones ‘con la profundidad y responsabilidad que merecen’.
