El Ayuntamiento de Elche ha decidido este viernes desalojar a más vecinos de un edificio de pisos del barrio de San Antón de la ciudad ante la «amenaza de ruina inminente» y el «riesgo de colapso estructural y derrumbamiento», según se desprende de una carta enviada por el alcalde, Pablo Ruz, al secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, Francisco David Lucas Parrón.
Los habitantes proceden de las escaleras uno y siete del mismo bloque del que el pasado miércoles por la noche fueron desalojadas 61 personas, 17 de ellas menores, de forma preventiva y por motivos de seguridad, pertenecientes a la tres y la cinco.
En la carta dirigida al secretario de Estado de Vivienda, fechada a 11 de abril y consultada por Europa Press, el primer edil especifica que hay 142 personas alojadas en hoteles de la ciudad y que otras están en casas de familiares, después de que el consistorio haya desalojado 53 inmuebles del barrio de San Antón.
El alcalde explica que el pasado 9 de abril, cuando una vecina avisó de que había aumentado el tamaño de una grieta en su vivienda, tras la inspección del arquitecto técnico municipal se determinó la evacuación preventiva de las escaleras tres y cinco, a las que este viernes se han sumado la uno y la siete porque «no se garantiza la estabilidad estructural del bloque».
«Existe alto riesgo de que el subsuelo haya perdido su capacidad portante, lo que supone riesgo de colapso estructural y derrumbamiento. Según nos informan los técnicos, existe amenaza de una ruina inminente», apunta el alcalde.
En la carta, Ruz traslada a Lucas Parrón que el Ayuntamiento está dando soluciones habitacionales a los vecinos evacuados, pero que «quedan muchas personas que mantienen su hogar en viviendas de las mismas características y antigüedad» que las desalojadas el pasado miércoles y este viernes.
El alcalde concluye su escrito solicitando al secretario de Estado de Vivienda que mantenga con él una reunión o que se desplace a Elche «a la mayor brevedad posible» para «abordar, sin demora y sin excusas, las nuevas fases de renovación urbana del barrio de San Antón».
Comunicado previo del Ministerio de Vivienda
Durante la jornada, se han sucedido una serie de reacciones políticas a los desalojos en el Barrio de San Antón. A primera hora el subdelegado del Gobierno, Juan Antlonio Nieves señalaba que el Estado ha destinado ya 1,8 millones de euros para la rehabilitación de viviendas en el barrio de San Antón y reclamaba «corresponsabilidad». «Si el Gobierno pone un euro, lo lógico es que quien tiene la competencia directa ponga, como mínimo, otro. Pero no está ocurriendo así».
En una visita durante la mañana, el secretario autonómico de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Sebastián Fernández, indicaba que el Plan Estatal de Vivienda «no recoge programas de regeneración urbana como sí lo hicieron los dos anterior y que permitieron actuar en más de 300 viviendas del barrio de San Antón».
En un comunicado posterior, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha celebrado que la Generalitat Valenciana «haya decidido implicarse» para que se puedan continuar los trabajos de reconstrucción del barrio.
«El Gobierno ha estado comprometido en todo momento con los vecinos, tal y como le trasladó el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, al alcalde de Elche, Pablo Ruz, en la reunión que ambos mantuvieron el 17 de junio de 2024», señala el ministerio, que reitera su «total disposición» para acometer una nueva fase de reconstrucción de San Antón, «una vez que la Generalitat Valenciana remita la documentación pertinente y su voluntad de acometer esta actuación».
El Ministerio recuerda que este año 2025, en el marco del Plan Estatal 2022-2025, esta administración tiene conveniado con la Generalitat Valenciana un importe de 42,29 millones de euros que el gobierno autonómico «puede distribuir entre los distintos programas de ayudas.
En 2026 entrará en vigor un nuevo Plan Estatal de Vivienda y «se podrá seguir trabajando en la misma dirección, con nuevas actuaciones para el Barrio de San Antón, siempre y cuando la Generalitat Valenciana lo estime oportuno».
