La Guardia Civil, en el marco de sus actuaciones para combatir el tráfico ilícito de especies silvestres protegidas y la tenencia y comercialización de especies incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), ha investigado a un hombre de 65 años como presunto autor de un delito contra la flora y fauna, tras la intervención de 18 tortugas.
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de octubre, cuando la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Alicante tuvo conocimiento de la entrega de 8 ejemplares de tortugas de las especies Testudo hermanni (tortuga mediterránea) y 10 Testudo graeca (tortuga mora) en un centro de recuperación de fauna de la provincia de Alicante, realizada por una única persona. Ambas especies están catalogadas amenazadas y protegidas por CITES, unas al encontrarse en peligro de extinción y otras por su situación de vulnerabilidad.
Ante estos hechos, los agentes iniciaron una serie de gestiones con la finalidad de identificar al responsable de la entrega y determinar la procedencia de los ejemplares. Durante la investigación, se constató que entre las tortugas intervenidas había parejas adultas reproductoras y crías de distintos años de nacimiento. Una vez confirmado que estas especies están catalogadas como amenazadas en peligro de extinción a nivel nacional y vulnerables según la legislación internacional, se procedió a su intervención.
Tras diversas indagaciones, los agentes identificaron el lugar de origen de los animales, una casa de campo en Elche, donde se comprobó que habían sido obtenidos a través de cría en cautividad o cesiones de terceros.
Dado que la posesión, cría, comercio o tráfico de estas especies está estrictamente prohibida, el pasado 15 de enero se procedió a la investigación del propietario de la finca como presunto autor de un delito contra la flora y fauna.
Además de remitir el atestado policial al Juzgado de Guardia de Instrucción del Partido Judicial de Alicante, se ha puesto el caso en conocimiento de la Delegación de Aduanas e Impuestos Especiales de Alicante, por la posible existencia de una infracción de contrabando.
Por estos hechos, el responsable se enfrenta, según el artículo 334 del Código Penal, a un delito por tráfico ilegal con especies protegidas de fauna silvestre, castigado con pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años.
Esta actuación refuerza el compromiso de la Guardia Civil con la protección de la fauna silvestre, con el objetivo de preservar la biodiversidad y combatir el tráfico ilegal de especies protegidas.
