La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Alicante ha reclamado que se modifique el Código Penal para incluir un aumento de las penas en las agresiones sufridas por los agentes en sus intervenciones, ya que a su juicio «el principio de autoridad se está menoscabando diariamente en diversas actuaciones y debe ser reforzado«. Además, ha pedido que los miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional sean considerados como profesión de riesgo.
La entidad ha señalado en un comunicado que se han conocido diferentes sentencias condenatorias en las que, por diferentes hechos, se provocaron lesiones de distinta consideración para algunos de los agentes intervinientes, «mostrando así una total falta de consideración y menoscabo del principio de la autoridad«.
En concreto, AUGC menciona un hecho de noviembre de 2020, cuando una patrulla de la Guardia Civil procedió a la identificación de un individuo en una vía pública del partido judicial de Alcoi, a causa de un altercado anterior, y en la que dicha persona acometió contra los agentes, «golpeándolos lanzando patadas y puñetazos«, provocando lesiones en ambos guardias civiles y desperfectos en el vehículo policial.
Por estos hechos, el Juzgado de lo Penal número ocho de Alicante condenó al autor por un delito de resistencia y dos delitos leves de lesiones a las penas de seis y un mes de multa, así como a indemnizar a los agentes con 560 y 700 euros en concepto de indemnización por las lesiones sufridas y 346,57 euros por los daños ocasionados al vehículo policial.
La AUGC también cita un hecho del 31 de mayo de 2024 en la Finca Langostina de Orihuela Costa, donde la Guardia Civil fue requerida ante un conflicto entre una familia compuesta por la madre y sus dos hijas con una mercantil relativo a la finca. Un juzgado acordó la entrega de la finca a la mercantil, pero la familia «se encontraba increpando e impidiendo la descarga de material de un camión, grabando y vociferando«.
Tras la llegada de los agentes, «estas comenzaron a gritar, increpar e insultar a los guardias civiles«. Además, «se resistieron fuertemente» a la detención, «cayendo al suelo y causando distintas lesiones a los guardias civiles actuantes». Por estos hechos, cada una de las acusadas han sido condenadas por el Juzgado de lo Penal número tres de Orihuela a ocho meses de multa por delito de resistencia y a dos meses de multa por cada uno de los cuatro delitos leves de lesiones. Además deberán indemnizar a los agentes con cantidades que ascienden a 1.800 euros por las lesiones sufridas.
Por último, AUGC ha citado la reciente sentencia de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante, donde el grupo de 14 antifascistas de Pego acusados de desórdenes públicos, amenazas, atentado y lesiones aceptaron los cargos y fueron condenados a penas que oscilan entre el pago de multas desde 90 euros y hasta nueve meses de prisión, tras un acuerdo de conformidad por los altercados registrados tras un partido el 18 de octubre de 2020 entre aficionados del Pego Club de Fútbol y el Club de Fútbol Gandia.
La Asociación de Guardias Civiles ha destacado que sus servicios jurídicos ha representado a los agentes afiliados en todos estos procedimientos y ha solicitado al Ministro de Interior y al resto de los responsables políticos que «los guardias civiles deben ser considerados, al igual que las policías autonómicas, como ‘profesionales de riesgo’, al tiempo que ha pedido un «endurecimiento de las penas».
