La fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, ha alertado del «preocupante incremento» de los delitos contra la libertad sexual cometidos por menores de edad, y en especial por menores de 14 años, un problema común en toda España y ante el que ha propuesto un plan estatal de educación.
Así lo ha señalado durante su comparecencia este lunes en Les Corts para exponer la memoria de la Fiscalía de 2023, referida a los datos de 2022, donde ha explicado que en los últimos años se está produciendo en España un aumento de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual cometidos por menores.
La fiscal ha calificado de preocupantes las cifras de este tipo de delitos cometidos por los menores de 14 años, que según la memoria cometieron en Alicante 25 delitos de abuso sexual y 15 de agresión sexual; en Valencia 18 por agresión sexual y 47 por abuso, y en Castellón fueron un total de 3.
«En Valencia cometieron más delitos de abusos sexuales los menores que no habían cumplido 14 años que los jóvenes en el tramo de 16 y 17 años», ha destacado Gisbert, para quien la educación es «la única forma de prevenir» este tipo de actuaciones, y es necesario adoptar medidas «muy urgentes».
La fiscal ha atribuido esta situación a la carencia de una adecuada formación afectivo sexual y al acceso precoz a la pornografía, que lleva a trivializar las conductas violentas y a tener una concepción equivocada de las relaciones sexuales libres y consentidas, ante lo que ha propuesto que se haga un plan de educación a nivel estatal.
Preguntada sobre si es partidaria de rebajar la edad penal del menor, ha considerado que lo que debería haber es un procedimiento de protección reeducativo para los menores de 14 años que cometen delitos graves, con intervención del fiscal y del juez de menores y del equipo técnico, en el que se dicte una sentencia de cumplimiento obligatorio.
Gisbert ha expuesto que también han aumentado los delitos contra la libertad sexual cometidos por mayores de edad sobre menores, y ha indicado que en Alicante han pasado de 4 a 12 los delitos de utilización de menores con fines pornográficos.
Por lo que respecta a la violencia de género, ha defendido la necesidad de una especialización de la jurisdicción en esta materia en todos los estamentos, «desde abajo hasta arriba», con juzgados de lo penal y una sala de la Audiencia especializadas en violencia contra las mujeres.
En el caso de la violencia doméstica, ha indicado que es preocupante el trato que reciben las personas mayores en algunas residencias, así como los comportamientos de familiares en las visitas a esos centros, en los que puede haber maltrato o coacciones por temas económicos.
La fiscal ha insistido en la necesidad de contar con más recursos, pues en 2023 ha habido «un cambio negativo» en los refuerzos de los funcionarios y se ha producido un descenso por la reducción del presupuesto de la Conselleria, aunque espera que en la comisión mixta del día 28 se pueda paliar la situación.
A preguntas de Vox, Gisbert ha explicado que no hay registro de las nacionalidades de las personas que cometen delitos, porque «no hay delitos cometidos por nacionalidades, hay delitos cometidos por personas, y punto».
La reunión de la comisión se ha interrumpido para guardar un minuto de silencio a las puertas de Les Corts por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, sobre lo que la fiscal ha dicho que hacen falta más medios y ha lamentado «el precio que pagan» los agentes por servir «a la seguridad de todos los españoles».
