El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado este jueves que “la limitación de las licencias de servicios de VTC a una por cada treinta licencias de servicios de taxi no parece idónea para garantizar la consecución de los objetivos” y viola la libertad de establecimiento.
Los jueces europeos también concluyen que la viabilidad económica de los servicios del taxi no constituye una razón imperiosa de interés general que justifique el sistema aunque consideran que exigir una licencia adicional a la prevista a nivel nacional “puede resultar necesario” para la buena gestión del transporte, del tráfico, del espacio público y la protección del medio ambiente.
Los jueces también han examinado las restricciones a la libertad de establecimiento están justificadas por una razón imperiosa de interés general y si son apropiadas para garantizar, de forma congruente y sistemática, la realización del objetivo perseguido, sin ir más allá de lo necesario para alcanzarlo. Es decir, si se respeta el principio de proporcionalidad.
En estos casos, el TJUE considera que las regulaciones del transporte sí que pueden establecer restricciones para proteger dichos “intereses generales”.
El alto tribunal de Luxemburgo señala que “es posible adoptar medidas menos restrictivas para limitar el posible impacto de la flota de los VTC en el transporte, el tráfico y el espacio público en el área metropolitana”, poniendo como ejemplo “medidas de organización de los servicios de VTC, limitaciones de estos servicios durante determinadas franjas horarias o incluso restricciones de circulación en determinados espacios”.
Por otro lado, en la sentencia descarta que haya ayuda pública ilegal hacia los taxis. “El Tribunal de Justicia, en primer lugar, considera que las dos medidas establecidas por la normativa nacional no parecen conferir ayudas de Estado a las empresas que prestan servicios de taxi”, señala, recalcando que no parece que haya “fondos estatales” implicados.
