El concejal de Urbanismo, Francisco Soler, ha dado a conocer que el Ayuntamiento va a comenzar el procedimiento de regularización de viviendas construidas en suelo no urbanizable como dicta la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana que se modificó en el año 2019. Una modificación que incorpora la posibilidad de legalizar las viviendas construidas en este tipo de suelo, sobre las que ya no se puede actuar.
Sole ha indicado que “desde que entró en vigor la ley, Urbanismo recibió alrededor de un centenar de solicitudes de legalización de viviendas que quedaron paralizadas hasta este momento”. Con el principal objetivo de que a los propietarios afectados por esta situación se les de un trámite legal, este procedimiento va a comenzar con cinco expedientes de viviendas construidas en suelo no urbanizable que van a aprobarse el próximo lunes, 29 de enero, en Pleno Municipal.
Se trata de cinco viviendas unifamiliares que cumplen con las condiciones individualizadas para que se permita su regularización como son estar construidas en una parcela rural o haber estado totalmente acabadas antes de agosto de 2014. Las viviendas están ubicadas en Torrellano Alto, Matola, Algoda, Valverde Bajo y La Hoya.
Su paso por el Pleno del próximo lunes permitirá la iniciación de los trámites para su legalización que conllevará diferentes fases. La primera de ellas, una vez aprobados los expedientes, las cinco parcelas tendrán que cumplir una serie de requisitos: tener unas condiciones edificatorias básicas, justificar la presencia de un vertido de aguas residuales legal tal como una depuradora, un depósito estanco o un alcantarillado, así como disponer de vegetación alrededor de las construcciones.
Una vez superada la primera fase, los propietarios deberán pasar por dos trámites urbanísticos. El primero de ellos será solicitar la licencia de legalización de la vivienda y para finalizar el procedimiento, deberán pedir la cédula de habitabilidad.
Se trata de un trámite que no solo consigue el objetivo fundamental de legalizar viviendas, sino que también ofrece otros efectos para la economía de la ciudad como la generación de empelo para pequeñas y medianas empresas de la construcción y las mejoras medioambientales al corregir, por ejemplo, el posible vertido de aguas no legales al subsuelo.
El edil del área, Francisco Soler, ha reiterado la voluntad del gobierno municipal de continuar tramitando el resto de solicitudes en los próximos meses porque ha subrayado que “este ayuntamiento cumple con la ley ejerciendo el derecho que se les da a los ciudadanos y en este caso a los propietarios de estas viviendas”.
