La Policía Nacional ha detenido en varios puntos de España, entre ellos Elda (Alicante) y València, a 22 presuntos integrantes de la organización ecologista Futuro Vegetal, entre ellos sus tres líderes, acusados de conformar una estructura criminal y causar daños al patrimonio por valor de más de medio millón de euros.
A este colectivo se le atribuyen 65 hechos delictivos, entre ellos el lanzamiento de pintura a la fachada del Congreso de los Diputados, el corte de carreteras en Madrid, daños a obras del Museo del Prado y el acceso a las pistas de los aeropuertos de Ibiza y Adolfo Suárez Madrid-Barajas, provocando el cierre temporal de las mismas.
Según ha informado la Policía Nacional, los arrestos se realizaron de forma coordinada en las ciudades de Madrid, Barcelona, Cádiz, Murcia, Elda (Alicante), Zaragoza, Granada, València, Soria, Santander y San Sebastián.
Se trata de la ampliación de un operativo llevado a cabo durante el pasado diciembre y por el que el día 21 de ese mes se detuvo a al menos 15 miembros de Futuro Vegetal por acciones cometidas en la capital madrileña.
La investigación policial, coordinada por la Comisaría General de Información (CGI) y llevada a cabo por los agentes de las diferentes brigadas provinciales, constató que la organización estaba compuesta por cerca de 300 activistas y que tenían un claro reparto de tareas.
La organización estaba liderada por tres cabecillas –conocidos como “dinamizadores“–, quienes asumían roles directivos y recibían remuneraciones por sus responsabilidades.
Futuro Vegetal recibió más de 140.000 euros en donativos, parte de los cuales fueron supuestamente empleados por los líderes de la organización para coordinar su actividad delictiva.
Según han señalado a EFE fuentes policiales, dos de los cabecillas, un hombre de 31 años y una mujer de 26 que son pareja, fueron detenidos el 1 de diciembre en el Pirineo francés, donde vivían en una caravana. Ahí los agentes intervinieron varios teléfonos móviles y cuantiosa información sobre la organización.
Derivado de una investigación patrimonial los agentes determinaron que el hombre tenía una posición de liderazgo por encima del resto dado que era quien recibía la mayor parte del dinero procedente de sus campañas de financiación y donaciones.
Los miembros de la organización establecieron relaciones internacionales con otros colectivos similares, llegando a cometer acciones en el extranjero, como el sabotaje de una gasolinera en la localidad de Laruns (Francia) el pasado septiembre.
La investigación arrancó en enero de 2022 después de que varios activistas lanzaran pintura contra la fachada del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en Madrid.
Desde entonces miembros de este colectivo actuaron al menos en otras 65 ocasiones en otros puntos de España causando daños estimados en más de 500.000 euros, sin cuantificar los desperfectos causados al patrimonio artístico.
Por estos hechos los 22 arrestados pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, daños, daños contra el patrimonio histórico, contra la seguridad vial y del tráfico aéreo, atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos.
Ninguno de ellos ha ingresado en prisión provisional aunque con esta operación la Policía Nacional da por desmantelada la organización, enmarcada en el movimiento climático internacional Extinction Rebellion, han indicado las citadas fuentes.
Por su parte, fuentes de Futuro Vegetal han mostrado a EFE su malestar por este tipo de noticias ya que consideran que ponen de manifiesto la persecución policial a la que dicen están sometidos y el interés por reprimir sus protestas.
También dicen sentirse extrañados por las acusaciones de “organización criminal” cuando a su juicio cualquier activista tiene muy claro que la pertenencia a estos colectivos medioambientales no aporta ningún tipo de beneficio económico sino más bien todo lo contrario.
Miembros de Futuro Vegetal habían sido detenidos en múltiples ocasiones en el pasado como consecuencia de sus acciones reivindicativas pero no por su presunta pertenencia a una banda criminal, delito que ahora se les imputa por su estructuración y reparto de funciones.
Las fuentes de la organización también cuestionan la estimación de que sus daños han causado un perjuicio de medio millón de euros, ya que aseguran que toman precauciones para minimizarlos como, por ejemplo, arrojar tempera de agua o jugo de remolacha a sus objetivos.
