Los abogados del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi (PP) y del empresario Antonio Solana han alegado una vulneración de derechos fundamentales de sus clientes durante la inspección de Hacienda a la que fueron sometidos entre 2012 y 2013.
Los letrados Vicente Grima y Pablo Enrique Cardona han realizado estas alegaciones en la primera sesión del juicio que se sigue contra sus defendidos y otros dos acusados por la presunta comisión de tres delitos fiscales y un delito de cohecho impropio.
Díaz Alperi afronta unas peticiones de condena que suman 9 años y 9 meses de prisión por defraudar, presuntamente, en sus declaraciones de renta de 2007, 2008 y 2010, 682.681 euros, así como por disfrutar del amarre gratuito de su barco en el puerto deportivo de Alicante.
Por su parte, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular, reclaman para los otros tres sospechosos -además de Solana, los empresarios Antonio Moreno y Javier Palacio- penas de entre 9 meses y 6 años de cárcel.
El abogado de Solana, Pablo Cardona, ha solicitado hoy al juez que anule todo el proceso al entender que ésta vulneró el “derecho a la no autoincriminación” de su cliente y el “derecho a la defensa” del exalcalde. Según su versión, Solana, considerado cooperador necesario del supuesto fraude fiscal en que incurrió Díaz Alperi, aportó en su día los documentos que Hacienda le reclamó “de forma coactiva, cuando él no era el sujeto de la inspección”, y esos documentos han sido utilizados contra él con posterioridad en la vía penal.
“Esa vulneración de su derecho a la no autoincriminación ha contaminado todo el procedimiento y debe conllevar la nulidad de las actuaciones y la consiguiente absolución”, ha precisado el letrado. Además, Cardona ha esgrimido también la vulneración del derecho a la defensa de Díaz Alperi porque la Agencia Estatal Tributaria (AET) no le dio un trámite de audiencia para formular alegaciones antes de enviar la denuncia a la Fiscalía.
Por su parte, Vicente Grima, abogado del también ex diputado autonómico del PP, ha insistido en esa posible vulneración de derechos sufrida por su cliente y ha pedido excluir del juicio todos los documentos que Hacienda le requirió durante la inspección.
Este defensor cree que esos requerimientos, dirigidos tanto a la persona física como a la sociedad Andarx Business SL fueron “compulsivos” y comportaban “amenazas de sanciones”, por lo que no pueden ser valorados como “pruebas de cargo” en la vista.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han rebatido estos argumentos, pues entienden que no se ha conculcado derecho alguno de los acusados y la Ley General Tributaria no contemplaba como preceptivo el trámite de audiencia que invocan las defensas.
El titular del Juzgado de lo Penal 6 de Alicante, Eugenio Alarcón, se ha negado a suspender el juicio, como había pedido Cardona, y ha anunciado que resolverá las cuestiones previas en la correspondiente sentencia.
La vista se reanudará con las declaraciones de los cuatro acusados y concluirá, tras diez sesiones, el 10 de junio.
En principio, los cuatro acusados deberán estar presentes en todas esas jornadas, tal y como ha dictaminado el propio juez, pese a que Díaz Alperi había pedido a través de su letrado ausentarse debido a su delicado estado de salud.
El exalcalde alicantino ha rechazado realizar declaraciones a los medios tanto a su llegada como a su salida del Palacio de Justicia de Alicante, aunque sí ha dado muestras visibles de un importante deterioro físico y se ha quejado de dolor en una rodilla.
