Varios colectivos y entidades de Alicante han recurrido ante la Autoridad Portuaria el acuerdo de julio que aprobó la modificación de una concesión y que posibilita la instalación de una planta de combustibles.
Según han lamentado en un comunicado, el recurso de resposición que presentan ante el Puerto llega tras desatenderse las más de 1.300 alegaciones presentadas contra un proyecto “insostenible” que supone un “retroceso inaceptable” en el proceso de integración puerto-ciudad y “una amenaza para la seguridad y el medio ambiente”.
Entre las entidades firmantes del recurso están las asociaciones de vecinos Gran Vía Sur Puerto, Sant Gabriel, El Templete de Benalúa o La Voz de La Florida, así como colectivos como Controversia y varias entidades supramunicipales como Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), el Área de Medio Ambiente y Territorio de Esquerra Unida en l’Alacantí o los colectivos de ámbito autonómico Democràcia en Verd y la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunitat Valenciana CAVE-COVA.
El recurso pretende que se anule el acuerdo de julio y se suspenda su ejecución ante “la posibilidad de perjuicios de imposible o difícil reparación”. Todos los recursos presentados se suman al que recientemente ha interpuesto Ecologistas en Acción.
Los recurrentes denuncian “la opacidad del acuerdo, que ni siquiera ha sido publicado en su integridad, incumpliéndose la Ley del Procedimiento Administrativo Común, así como el incumplimiento del convenio firmado a cinco bandas en 1995 (Ministerio, Generalitat, Ayuntamiento, Autoridad Portuaria y CLH) para evitar que en el Puerto de Alicante se implantaran en el futuro nuevas plantas de combustible tras la retirada al Bacarot de los antiguos depósitos de Campsa”.
“Un convenio que suponía cumplir con una serie de directrices entonces aplicables y que siguen estando vigentes en el caso del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad”, han argumentado.
Los colectivos tachan de “insultante” que la Autoridad Portuaria pretenda equiparar, en la contestación a las alegaciones, la peligrosidad de la macroplanta de combustibles (110.000 toneladas en su primera fase) con los depósitos de combustible de una simple estación de servicio situada en la calle Federico Mayo (250 toneladas como máximo).
Además, han resaltado la peligrosidad de los depósitos sobre varios barrios de la ciudad y sobre dos espacios marinos protegidos de la Red Natura 2000, el LIC y ZEPA de Tabarca y el LIC del Cap de l’Horta.
Asimismo, reiteran la ausencia de documentos exigibles como un estudio de impacto ambiental, una autorización de emisiones a la atmósfera y un informe autonómico de seguridad, y restan todo valor a los informes municipales aportados por la promotora respecto a aspectos ambientales, informes emitidos en el marco de un expediente que no ha concluido, no teniendo por tanto valor alguno mientras no concluya el expediente de licencia ambiental y de obra mayor iniciado en 2013 ante el Ayuntamiento de Alicante.
Finalmente, creen que podría haber una segunda fase que eleve a 700.000 toneladas los depósitos, “por mucho que ahora el Puerto pretenda negar esa segunda fase con escritos de la propia concesionaria, TMS”. Para los recurrentes, de darse ese posible fraccionamiento del proyecto supondría un fraude de ley.
Por último, insisten en que puede estar vulnerándose la legislación sobre contratación y libre competencia al modificarse la concesión para permitir una planta inicialmente no contemplada sin que se haya licitado una nueva concesión.
