El TSJCV ha estimado el recurso contencioso-administrativo presentado por la Diputación de Alicante contra el decreto de Turismo impulsado por el Consell y lo declara nulo, al tiempo que impone el pago de las costas procesales a la Generalitat y a la Diputación de Valencia como parte codemandada. Este fallo, con el número 948/2017, se ha dado a conocer hoy y se produce pocas semanas después de que este mismo tribunal declarara también nulo el decreto de coordinación en materia de deportes.
El vicepresidente y diputado de Promoción Turística, Eduardo Dolón, se ha mostrado satisfecho por esta sentencia “que viene a confirmar algo que ya sabíamos, y que ya ha sido ratificado por anteriores sentencias, y es que el Consell no puede atacar la autonomía y las competencias de las diputaciones, reconocidas por la propia Constitución”.
“Desde la Diputación de Alicante siempre vamos a defender la autonomía de esta institución porque con ello estamos defendiendo los intereses de los municipios y de los sectores productivos de nuestra provincia, como es el turismo y la marca Costa Blanca, una marca plenamente consolidada que se veía amenaza por un decisión unilateral, intervencionista y arbitraria que no tenía en ningún caso en cuenta las peculiaridades de esta provincia”, ha indicado.
“El Gobierno valenciano quiere gobernar a base de decretos y de imposición y los tribunales le han vuelto a decir que no, que se equivocan”, ha señalado Dolón, quien ha destacado la necesidad de gobernar “buscando siempre el diálogo, el consenso y el acuerdo”. “La Generalitat Valenciana nos tiene a su disposición pero no puede imponernos nada, algo que ha dejado claro esta sentencia”, ha resaltado Dolón.
El responsable de Turismo ha indicado que “desde el inicio de esta legislatura estamos diciéndole al gobierno del Botanic que respete a las Diputaciones y que no trate de torpedearlas, que se centre en gobernar e impulsar políticas en beneficio de los ciudadanos y que no pierda el tiempo atacando la autonomía política y financiera de las instituciones provinciales, obligándonos con ello a acudir a los tribunales de Justicia”.
La sentencia, contra la que cabe recurso, coincide con la emitida también por el TSJCV con respecto al recurso interpuesto también en su día por la Diputación de Castellón contra este decreto. En opinión de la sala, y entre otras fundamentaciones, el decreto del Consell se funda en una normativa que, aun contando con el rango legal exigido por el ordenamiento jurídico, se encuentra derogada. Asimismo, el tribunal entiende que el decreto del Consell vulnera el principio de reserva legal.
